No se puede conjugar el desarrollo con los derechos humanos sin consulta y consentimiento de los pueblos.
Es la fuerte afirmación que surge de la lectura del último informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, que se ha desempeñado en los últimos años en acompañar varios procesos de consulta en contexto de megaproyectos que han afectado a comunidades indígenas.
“Los Derechos de los Pueblos Indígenas en México” es la tercera publicación de la serie “Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”, cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos.
Las dos publicaciones anteriores – que datan de 2015 – trataron de dos de los temas prioritarios de ONU-DH en México, tortura y desapariciones forzadas. Este último informe reúne varios documentos, informes y discursos producidos por la ONUDH y los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El documento presenta notamente la “declaración de cierre de misión a México”, de la relatora Victoria Tauli-Corpuz, que realizó al final de su visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, donde la experta destaca la discriminación histórica y estructural y la violencia que enfrentan los grupos indígenas que luchan por sus derechos, en particular en casos de implementación de megaproyectos, sin consulta previa.
Con ocasión del décimo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la ONU-DH aporta un resumen de las obligaciones que los instrumentos internacionales imponen a los Estados, y particularmente, las recomendaciones en este asunto dirigidas a México.
A la luz del Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y del Artículo 1ro constitucional, que impone la aplicación directa de las normas internacionales en el orden interno del país, el informe recuerda la obligación de los Estados a recurrir a la consultación de los pueblos afectados por los proyectos de desarrollo.
La ONU-DH en México se ha desempeñado en los últimos años en acompañar varios procesos de consulta.
En la presentación del documento, Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca que “el asunto de los derechos de los pueblos indígenas está volviendo a ganar importancia en el contexto de la creciente presión por la tierra y los territorios indígenas, causado por un modelo de “desarrollo” basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales”.
Refiriéndose a un “modelo de megaproyectos” que se ha disparado de manera exponencial desde los años 2000, el Sr. Jarab subraya la importancia del derecho “a la consulta y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe”.
“Si queremos que las comunidades indígenas no sean los eternos perjudicados de dichos proyectos y varias leyes o políticas públicas, es fundamental asegurar que su voz sea escuchada”, insista.
Así detalla la filosofía de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, adoptado por los estados miembros de Naciones Unidas: “Según el enfoque de derechos humanos en el desarrollo”, precisa Jarab, “debe ser siempre garantizada la participación de los supuestos beneficiarios en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de todos los proyectos de desarrollo o decisiones que les afecten”.
El documento busca ofrecer una herramienta de trabajo “a los actores involucrados en asegurar el respeto, la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en México”, y servir como “documento de referencia para los funcionarios y las funcionarias de los tres poderes en los niveles federal, estatal y municipal que quieran ampliar su conocimiento sobre los estándares internacionales en el tema”.
La última parte de la publicación reúne y sistematiza las diferentes recomendaciones emitidas por organismos internacionales dirigidas a México y relacionadas con los derechos de los pueblos Indígenas.
Entre ellas, la recomendación de la Relatora Especial de la ONU emitida en 2017 urge a México “asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, con una amplia participación de los defensores de derechos humanos en todas las etapas.” (CINU)
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