Seguridad bajo presión externa
Hay un patrón que comienza a volverse evidente: el gobierno federal solo parece reaccionar en materia de seguridad cuando enfrenta presión internacional, particularmente desde Estados Unidos. Operativos, ajustes discursivos y movimientos tácticos suelen coincidir más con exigencias externas que con una convicción genuina de proteger a las familias mexicanas.
Si no fuera por esas presiones, es legítimo preguntarse si algo cambiaría. Porque, puertas adentro, la realidad es clara: la violencia sigue desbordada en amplias zonas del país, la extorsión se ha convertido en un delito cotidiano y el control territorial del crimen organizado continúa siendo una amenaza directa al Estado de derecho.
El deterioro de la seguridad también se expresa en delitos que golpean directamente a la economía familiar y a los pequeños negocios. En 2025 se reportaron 11,081 víctimas de extorsión, la cifra anual más alta de la última década, con incrementos en 20 de las 32 entidades del país. Además, durante el segundo semestre del año, 14.1% de los hogares urbanos tuvo al menos una víctima de extorsión, confirmando que este delito dejó de ser excepcional para convertirse en una práctica criminal sistemática. A ello se suma que más de 32% de los hogares sufrió algún delito de robo, fraude o extorsión, una combinación que explica por qué tantos negocios cierran, por qué la inversión se retrae y por qué la violencia económica avanza sin freno.
Mientras tanto, la seguridad de quienes usan transporte público, de las mujeres que caminan solas, de los comerciantes que abren todos los días sus negocios o de los padres que temen por sus hijos, parece no figurar entre las prioridades reales del gobierno. El discurso insiste en que “todo va mejor”, pero la experiencia cotidiana contradice esa afirmación.
La inseguridad también erosiona la confianza en las instituciones. Cuando las personas sienten que nadie las protege, optan por el repliegue, la resignación o la desconfianza. Eso debilita la cohesión social y deteriora la democracia. Un Estado que no puede garantizar seguridad pierde autoridad moral y política.
México no puede seguir dependiendo de la presión externa para hacer lo que es su obligación básica: proteger a su población. La seguridad pública no debe responder a coyunturas diplomáticas, sino a una política de Estado firme, profesional y centrada en las víctimas. Reconocer la gravedad del problema no es debilidad; es el primer paso para empezar a enfrentarlo de verdad.
