Ciudad de México. – El crimen organizado apunta a los Gobiernos municipales, en algunos sitios ha logrado imponer a sus candidatos; a otros los ha logrado corromper y, en casos extremos, los asesina.
De 2018 a la fecha, al menos 25 Alcaldes, o que recién habían dejado el cargo, han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato.
Los detenidos son de todos los partidos. En 10 casos, militaban en Morena, seguido por el PRI, con cinco; Movimiento Ciudadano con cuatro; el PRD con tres, y el PAN, PVEM, Chiapas Unido y Fuerza por México con uno cada uno.
El caso más reciente es el del morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un día antes, fue detenido Gerardo Cortés Caballero, Alcalde con licencia de Cuautempan, Puebla, por la coalición Morena-PT, acusado de extorsión, robo de mercancía, distribución de droga y portación de armas exclusivas. El Edil era prófugo desde nueve meses atrás, cuando en un cateo en su domicilio se decomisaron drogas y armas de fuego.
La primera detención de este año fue la de Carlos Alberto Ventura de la Paz, también de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y homicidio, aprehendido a los cinco minutos del 1 de enero, cuando salía del Palacio Municipal de Atoyac, Veracruz, a donde había entrado para despedirse, y por lo tanto ya no tenía fuero.
«Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de presidencia», había posteado en sus redes en su despedida.
Las mayores acciones contra los Ediles se realizaron mediante la «Operación Enjambre», implementada en noviembre de 2024, que acabó con la detención la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.
El objetivo de la estrategia del Gobierno federal ha sido capturar a servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas y evitar filtraciones internas y que los investigados evadan la acción de la justicia.
El pasado 16 de enero, Omar García Harfuch informó que la Operación Enjambre había permitido la detención de 60 funcionarios públicos y al 5 de febrero sumaban 67capturas, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad.
De estas 60 detenciones se han obtenido 18 sentencias condenatorias.
Entre ellas la de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien fue sentenciada en diciembre pasado 70 años por el homicidio de un síndico municipal.
En marzo de 2025 fueron detenidos de manera simultánea los hermanos Uruviel González Vieyra, alcalde de MC de 2021 a 2024 de Chalchicomula de Sesma, Puebla, donde había sido reelecto hasta 2027, así como su hermano Giovanni González Vieyra, ex alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez de 2021-2024, por el mismo partido. Los dos fueron detenidos por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Ramiro González Vieyra, alcalde de Buenos Aires de 2008 a 2011 por el PRI, se dio a la fuga, pero fue capturado en mayo de 2025.
Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, alcalde de Apulco, Zacatecas, por MC, fue desaforado y detenido en julio de 2025 por presunto nexo con el CJNG. En su lugar se nombró a Israel Ramírez Íñiguez, quien acostumbraba posar como sicario en redes sociales.
Los detenidos son de todos los partidos. En 8 casos militaban en Morena, seguido por el PRI, con cuatro; Movimiento Ciudadano con cuatro; el PRD con tres, y el PT, PAN, PVEM, Chiapas Unido, Fuerza por México y Pacto Social con uno cada uno. (AGENCIA REFORMA)
