
Aunque vecinos de Tenancingo piden que deje el cargo, Nancy Nápoles Pacheco puede mantenerse como alcaldesa mientras no haya una determinación judicial en su contra. Morena, por su parte, ya le retiró la militancia en el marco del procedimiento ligado al presunto secuestro simulado y al posible desvío de 40 millones de pesos.
Estado de México.- Morena resolvió separar de forma definitiva de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, en medio del proceso penal que enfrenta por su supuesta implicación en la simulación de un secuestro para desviar 40 millones de pesos de fondos públicos.
La medida partidista no implica, por sí sola, que deje de ser presidenta municipal. Nápoles sigue encabezando el ayuntamiento, mientras grupos de ciudadanos piden al Congreso local que actúe y evalúe si debe permanecer en el puesto.
Según informó el periodista Mario Rodríguez, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena acordó hacer efectiva la expulsión por presuntos actos de corrupción.
Es importante separar dos planos: por un lado, la expulsión de Morena, que se resolvió dentro de un procedimiento interno del partido; por otro, su condición como funcionaria pública, cuya posible remoción depende de un proceso legal diferente.
Cabe precisar que su situación jurídica se definirá en la audiencia fijada para el 9 de enero de 2027. Hasta entonces, seguirá desempeñando su cargo.
Nápoles ha rechazado que se haya tratado de un autosecuestro, pese a las indagatorias que la Fiscalía del Estado de México mantiene abiertas en su contra.
A la investigación penal se agregaron los hallazgos de las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
En la revisión de cumplimiento financiero del Ayuntamiento se detectaron 163 observaciones. Entre los puntos señalados se encuentran pagos a personas que no figuraban en la plantilla autorizada, sueldos por encima de los tabuladores establecidos y posibles irregularidades presupuestales.
En la auditoría de legalidad se examinaron además 27 contratos municipales, de los que resultaron cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observaciones.
El órgano fiscalizador señaló que el gobierno municipal deberá entregar documentación para solventar los señalamientos y que el proceso seguirá en su fase de seguimiento. Por sí solas, esas observaciones no comprueban el faltante de 40 millones de pesos que investiga la Fiscalía. (El Heraldo de Saltillo)

