El valor probatorio de la renuncia laboral frente a la coacción psicológica o emocional
Una renuncia firmada puede dar al término de la relación laboral una apariencia de voluntariedad. Sinembargo, la autenticidad de la firma no demuestra, por sí sola, que la decisión haya sido libre, autónoma y espontánea. Esta distinción cobra especial relevancia cuando una mujer trabajadora afirma que suscribió el documento bajo coacción psicológica o emocional, en un contexto de asimetría de poder.
Para valorar una renuncia, deben distinguirse dos cuestiones:
• Autoría del documento: que el escrito sea atribuible a la persona trabajadora.
El criterio aislado publicado el pasado viernes y con Registro digital 2032885 plantea que la renuncia debe examinarse con perspectiva de género, conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 y 5 de la Convención de Belém do Pará.
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia 2a./J. 14/2023 (11a.), que el escrito de renuncia solo adquiere valor probatorio si se demuestra fehacientemente que fue emitido de manera autónoma y unilateral. Para determinarlo, la persona juzgadora debe valorar de manera conjunta y relacionada las pruebas y las circunstancias de los hechos controvertidos.
Juzgar con perspectiva de género exige examinar el contexto de la relación laboral e identificar condiciones de desigualdad o vulnerabilidad que coloquen a la trabajadora en una posición de subordinación. No implica presumir que toda renuncia fue coaccionada ni resolver necesariamente a su favor.
Cuando una mujer trabajadora afirma que firmó bajo coacción psicológica o emocional y los elementos del caso revelan una relación asimétrica de poder por razones de género, corresponde a la parte patronal aportar pruebas idóneas para desvirtuar esa coacción y demostrar que la voluntad fue libre y espontánea, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo y al criterio con Registro digital 2032885. Por tanto, la sola existencia del documento o la autenticidad de la firma no le confieren eficacia probatoria concluyente ni bastan para acreditar que la renuncia fue voluntaria.
Los artículos 10 y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias reconocen como violencia laboral, entre otras conductas, las amenazas, la intimidación, las humillaciones y la negativa ilegal a respetar la permanencia o las condiciones generales de trabajo.En concordancia, el artículo 48 Bis, fracción I, inciso c), de la Ley Federal del Trabajo considera una actuación notoriamente improcedente exigir la firma de papeles en blanco durante la contratación o la relación laboral.
En conclusión, valorar la renuncia con perspectiva de género no implica tener por acreditada automáticamente toda alegación de coacción ni negar al documento valor probatorio en cualquier circunstancia. Sino que exige un análisis individualizado, sustentado en las pruebas y en las particularidades del caso. Este enfoque permite armonizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres trabajadoras con una decisión probatoria equilibrada y respetuosa del debido proceso.
