En sesión del Congreso del Estado, el diputado Guillermo Ruiz Guerra presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 y 54 de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila en relación al establecimiento de criterios para evitar las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas ante el cambio climático y fenómenos naturales.
La exposición de motivos señala que las olas de calor, las sequías, las lluvias intensas y las inundaciones pueden generar afectaciones directas e indirectas en las viviendas y comprometer el funcionamiento de servicios esenciales, como el de agua potable, drenaje, electricidad y atención de emergencias de las comunidades.
La magnitud de este desafío ha sido documentado en el Informe sobre las Ciudades del Mundo 2026, publicado por ONU-Hábitat, cuyas proyecciones indican que los fenómenos climáticos adversos podrían provocar la destrucción de 167 millones de viviendas para el año 2040.
La vulnerabilidad de una vivienda no depende exclusivamente de la intensidad de un fenómeno meteorológico, sino también de su ubicación y características constructivas. Los hogares situados en zonas inundables, laderas inestables, cauces naturales o áreas susceptibles a deslaves pueden enfrentar riesgos que comprometan la seguridad de sus habitantes y afecten la infraestructura y los servicios.
La ubicación de los asentamientos, las características del terreno, los materiales empleados en la construcción, la orientación de las viviendas, el aislamiento térmico, la ventilación y el acceso al agua son algunos factores que pueden influir directamente en la seguridad, el bienestar y el impacto ambiental de los hogares.
En Coahuila, el Programa Estatal de Cambio Climático 2022-2031 contempla diversos proyectos y acciones para fortalecer la capacidad de adaptación del estado, con énfasis en los asentamientos humanos y las viviendas.
En ese contexto, la iniciativa parte de una premisa esencial: las viviendas deben planearse y construirse tomando en cuenta los factores ambientales y los riesgos presentes y previsibles del territorio en el que se ubican, y no únicamente los requerimientos inmediatos de disponibilidad y costo de construcción.
Por otro lado, la adaptación y la mitigación atienden objetivos complementarios. Mientras que la adaptación busca disminuir la vulnerabilidad de las personas y de sus viviendas frente a los efectos presentes y futuros del cambio climático, la mitigación se orienta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales.
Una política estatal de vivienda que incorpore ambos enfoques puede contribuir tanto a proteger a las familias ante los riesgos climáticos como a promover desarrollos habitacionales más eficientes y sostenibles. (El Heraldo de Saltillo)
