En un contexto de rezago educativo profundo, con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje
El presidente en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Francisco Javier Mancillas, calificó como positivo el acuerdo para la restricción de teléfonos celulares en los planteles de educación básica y señaló que dicha medida representa un paso importante para el uso responsable de estos dispositivos por parte de las y los alumnos.
Sin embargo aseguró que existe una omisión de fondo en la creación de dicho acuerdo al dejar a los padres de familia al margen de la definición del problema y de la búsqueda de soluciones efectivas para este último, lo cual debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia real.
Señaló que de acuerdo con la postura del organismo a nivel nacional, se reconoce la expedición del Acuerdo número 09/09/26 como un paso necesario e importante, a la vez que reconoce la voluntad de poner en el centro el interés superior de la niñez, la evidencia internacional y los resultados de la consulta, además de reconocer sobre todo que los dispositivos no aportan al docente ni al alumno un avance significativo en la educación.
Aseguró que es indispensable señalar con claridad que dentro del diagnóstico y en el proceso de construcción del acuerdo no se escuchó de manera suficiente ni estructurada a los padres de familia, toda vez que la consulta nacional se centró únicamente en el personal docente y en foros técnicos.
En ese sentido destacó que en un contexto de rezago educativo profundo, con dificultades de atención, memoria, creatividad, interacción presencial y regulación emocional documentadas por el propio personal docente, una regulación de uso de dispositivos, por sí sola, no restablece la autoridad pedagógica ni cierra brechas de aprendizaje.
Expuso que para fortalecer la autoridad de los docentes, se requiere mucho más que retirar celulares, por lo que será necesario aterrizar con una normativa integral instando a definir limitaciones y responsabilidades, ya que al dejarse ambiguo este rubro, se corre el riesgo de quedar en las mismas condiciones o en su caso puede empeorar en perjuicio de los docentes. (ÁNGEL AGUILAR)
