Ante el crecimiento de los fraudes financieros, las estafas digitales y las prácticas de cobranza extrajudicial ilegal que afectan cada vez a más familias mexicanas, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez, integrante del grupo parlamentario «Alianza Coahuila» del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades federales a fortalecer las campañas de prevención, información y educación financiera dirigidas a la población.

La propuesta fue presentada durante la Décima Cuarta Sesión del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado y está dirigida principalmente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), así como a otras instituciones vinculadas con la prevención de delitos financieros.

En la exposición de motivos, el legislador advirtió que el avance de las tecnologías digitales ha facilitado nuevas modalidades de fraude que afectan el patrimonio de miles de personas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, aplicaciones móviles, redes sociales y páginas falsas que suplantan la identidad de instituciones bancarias y empresas.

Señaló que estos delitos evolucionan constantemente, lo que obliga a las autoridades a mantener campañas permanentes de información para alertar a la ciudadanía sobre los métodos utilizados por los delincuentes.

«Las modalidades de fraude financiero cambian constantemente, aprovechando el uso de nuevas tecnologías y el desconocimiento de los usuarios para obtener ilícitamente información personal o recursos económicos«, expone el punto de acuerdo.

El diputado destacó que entre las prácticas más frecuentes se encuentran el robo de identidad, el denominado phishing, las inversiones falsas, los créditos fraudulentos, las compras simuladas por internet y las llamadas en las que los delincuentes se hacen pasar por representantes de instituciones financieras para obtener información confidencial.

Asimismo, expresó preocupación por el incremento de casos relacionados con despachos de cobranza que recurren a amenazas, intimidaciones o información falsa para presionar a los deudores, incurriendo en prácticas que se encuentran prohibidas por la legislación mexicana.

Por ello, el exhorto solicita reforzar la difusión de los derechos de los usuarios de servicios financieros y de los mecanismos existentes para denunciar tanto fraudes como actos de cobranza indebida.

La propuesta también plantea fortalecer las acciones coordinadas entre instituciones federales para ampliar el alcance de las campañas preventivas mediante redes sociales, medios de comunicación, instituciones educativas y programas de educación financiera dirigidos a distintos sectores de la población.

Velázquez Vázquez consideró que una ciudadanía mejor informada constituye la principal herramienta para disminuir el número de víctimas de este tipo de delitos.

«La información y la prevención representan la primera línea de defensa frente a quienes buscan obtener un beneficio económico mediante el engaño o la intimidación«, señala el documento presentado ante el Congreso.

El legislador subrayó que muchas de las víctimas desconocen que los despachos de cobranza tienen límites legales claramente establecidos y que ninguna institución financiera puede amenazar, hostigar o exhibir públicamente a una persona por mantener un adeudo.

Además, recordó que la CONDUSEF pone a disposición de la población diversos mecanismos para verificar la autenticidad de instituciones financieras, denunciar fraudes y recibir asesoría gratuita, herramientas que —consideró— deben difundirse con mayor intensidad.

El punto de acuerdo enfatiza que el combate a los fraudes financieros no depende únicamente de la persecución de los responsables, sino también de fortalecer la cultura de la prevención mediante información clara, accesible y actualizada para toda la población.

Finalmente, el Congreso del Estado exhortó a las autoridades competentes a reforzar las campañas nacionales de educación financiera y prevención de fraudes, con el propósito de reducir la incidencia de estos delitos y proteger el patrimonio de las familias mexicanas frente a las nuevas modalidades de estafa que surgen con el desarrollo tecnológico.