Gobernadores bajo sospecha y moralidad de utilería
Morena asegura que todo es una campaña de “intervencionismo” y “calumnias”. Curioso: cada vez que aparece un expediente incómodo, una visa cancelada o una investigación en Estados Unidos, la respuesta oficial no es limpiar la casa, sino correr las cortinas. Negarlo todo, culpar a otros y hablar de complots se ha vuelto el protocolo de emergencia de la llamada transformación.
La nueva temporada de este narcodrama tiene como protagonistas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas. De acuerdo con una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative, Alfonso Durazo y Américo Villarreal están bajo investigación de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol, respectivamente. Además, habrían perdido sus visas mientras avanzan las pesquisas. Para seguir entrando a Estados Unidos, según el reportaje, se beneficiarían de un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole, reservado para personas que colaboran o testifican ante un gran jurado. Difícil vender eso como simple turismo fronterizo.
En Tamaulipas, el expediente es especialmente tóxico. Villarreal carga desde la campaña de 2022 con señalamientos por presunto financiamiento del empresario Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, y con documentos de inteligencia que hablan de apoyos del Cártel del Noreste. Él lo niega todo, por supuesto. En Morena negar ya no es una defensa: es una política pública.
En Sonora, Durazo enfrenta versiones sobre presuntos vínculos con estructuras criminales y ahora la noticia de una visa revocada en medio de una investigación que su gobierno califica de “completamente falsa”. Como siempre, todo es falso, todo es guerra sucia, todo es conspiración… hasta que el expediente cruza la frontera y deja de obedecer al guion de la mañanera.
Y si alguien pensaba que se trataba de casos aislados, ahí está Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios más de haberse asociado con la facción de “Los Chapitos” para importar drogas, proteger laboratorios y recibir apoyo criminal en campañas electorales. Washington pidió su extradición; en México, la respuesta fue minimizar, pedir “pruebas” y denunciar una supuesta intromisión extranjera.
Ante este mosaico —Durazo, Villarreal, Rocha— uno esperaría una reacción firme: investigaciones a fondo, deslinde político y cero protección. Pero no. El gobierno prefiere hablar de “presunción de inocencia”, “linchamientos mediáticos” y “soberanía nacional”. Mientras tanto, los señalados siguen despachando, controlando policías, presupuestos y nombramientos clave en estados atravesados por el crimen.
La doble moral es brutal. Cuando el acusado es opositor, el discurso oficial exige cárcel inmediata, devolución de lo robado y castigo ejemplar. Cuando el señalado viste guinda, la vara se vuelve milagrosamente elástica: hay que esperar, no prejuzgar, no caer en provocaciones y, de ser posible, culpar a Estados Unidos.
El mensaje para la ciudadanía es demoledor: un gobernador de Morena puede aparecer en investigaciones de narcopolítica, perder la visa, ser señalado por autoridades extranjeras y aun así conservar el respaldo político mientras no haya una orden de aprehensión mexicana. Es decir, el estándar ético de la transformación ya no es la honestidad, sino la sobrevivencia judicial.
La presidenta afirma que quien esté involucrado debe renunciar y enfrentar consecuencias. En abstracto, suena impecable. En concreto, su gobierno niega, minimiza y se esconde detrás de la palabra “soberanía” cada vez que un expediente menciona a uno de los suyos.
Esa es la verdadera tragedia: prometieron cortar de tajo los vínculos con el crimen, pero cuando las sospechas alcanzan a sus gobernadores responden como cualquier régimen acorralado: negar, culpar al enemigo externo y esperar que el escándalo se pudra antes de que llegue la justicia.
