Curul vacía, pago garantizado
Hace aproximadamente un mes comencé a cubrir de manera presencial las sesiones del Congreso de Coahuila. No es la primera legislatura que observo; he tenido la oportunidad de reportear distintas conformaciones del Poder Legislativo a lo largo de mi carrera. En esta ocasión, además, coincide con un año electoral en el que los ciudadanos renovarán la integración del Congreso local.
La diferencia entre observar desde afuera y estar sentado en la sala de sesiones es enorme. Desde el exterior se conocen los resultados; desde adentro se observan los procesos, las ausencias, los debates, los intereses, las actitudes y, sobre todo, el nivel de compromiso que cada diputado y diputada tiene con la responsabilidad que le fue conferida.
Durante estas semanas he encontrado temas interesantes que abordaré en futuras entregas. Sin embargo, hubo uno que llamó mi atención desde el primer día: las llamadas “causas justificadas” con las que diputados y diputadas se ausentan de las sesiones.
El caso más visible fue el del diputado del Partido del Trabajo, Tony Flores, tema que ya había abordado en una columna anterior. Lo que inicialmente parecía una simple ausencia legislativa comenzó a generar cuestionamientos cuando las faltas al Congreso coincidieron con actividades de campaña.
Como periodista, mi obligación es verificar. Por ello al saber de las cuatro faltas consecutivas “justificadas” comencé a revisar las redes sociales públicas del propio legislador. Lo que encontré fue que, mientras el Congreso desarrollaba sesiones ordinarias, en las mismas fechas y horarios aparecían publicaciones donde el diputado participaba en eventos políticos, actividades proselitistas y actos públicos que él mismo difundía rumbo a su reelección.
No fui la única que observó esta situación. La evidencia era tan pública que ciudadanos, medios de comunicación y actores políticos comenzaron a cuestionarla.
Esta semana, el suplente del legislador, Fernando Rodríguez González, llevó el tema a otro nivel al presentar formalmente documentación ante la Junta de Gobierno del Congreso para exigir que se analizara la sustitución del diputado por acumulación de ausencias.
Más allá de las declaraciones políticas, algunas de ellas sumamente graves y que deberán acreditarse con pruebas si pretenden sostenerse, existe un hecho concreto que sí puede analizarse objetivamente: las faltas del legislador y los justificantes utilizados para respaldarlas.
Y es precisamente ahí donde se encuentra el fondo del asunto.
Si la Ley Orgánica del Congreso establece claramente las condiciones bajo las cuales un diputado puede ausentarse, entonces el cumplimiento de esas disposiciones no debería depender de interpretaciones a conveniencia, como las que sostiene el propio legislador señalado, en este caso Tony Flores, o quienes han salido en su defensa, como el diputado de Morena Antonio Attolini.
La ley es la ley para todos y, en este caso, es bastante clara.
Lo preocupante es observar cómo, ante hechos evidentes, algunos prefieren cerrar los ojos. La pasión política suele provocar que se defiendan conductas que en cualquier otro contexto serían condenadas. Eso es relativamente común entre políticos y dirigentes partidistas; lo verdaderamente preocupante es cuando ocurre entre ciudadanos que, por simpatía o afinidad ideológica, dejan de analizar objetivamente los hechos.
Si un funcionario público recibe un salario superior a los cien mil pesos mensuales provenientes de los impuestos de los ciudadanos, la exigencia mínima es que cumpla con su trabajo. Y asistir a las sesiones forma parte esencial de ese trabajo.
La discusión no es si Tony Flores pertenece al PT, a Morena, al PRI, al PAN o a cualquier otro partido. La discusión es si un representante popular puede justificar ausencias mientras públicamente realiza actividades distintas a aquellas que supuestamente le impedían acudir al Congreso.
Los diputados no cobran de su patrimonio personal. Cobran del dinero de los contribuyentes.
Y no estamos hablando de salarios menores. Entre sueldo, prestaciones, apoyos y aguinaldos, los montos que reciben representan ingresos que la inmensa mayoría de los ciudadanos difícilmente alcanzaría en un año completo de trabajo. Por eso la exigencia también debe ser mayor.
En cualquier centro laboral existen consecuencias por faltar. Un maestro que no acude a impartir clases enfrenta descuentos si no justifica adecuadamente su ausencia. Lo mismo ocurre con trabajadores de la industria, empleados administrativos, personal de comercios o servidores públicos de cualquier nivel. Para la mayoría de los mexicanos, faltar tiene consecuencias económicas inmediatas.
La responsabilidad legislativa tampoco termina con simplemente registrar asistencia. Tampoco debería normalizarse la imagen de curules vacías al inicio de las sesiones ni la de legisladores distraídos en otras actividades mientras sus compañeros presentan iniciativas, posicionamientos o pronunciamientos.
Por ejemplo, el propio Tony Flores, tras regresar después de varias ausencias, pasó buena parte de la pasada sesión concentrado en llamadas telefónicas y en su teléfono celular mientras otros legisladores exponían iniciativas y posicionamientos. Podrá parecer un detalle menor, pero no lo es.
Estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo no es un escenario secundario ni una plataforma temporal de promoción política. Es el espacio donde se crean, modifican y aprueban las leyes que regulan la vida de millones de personas. Por ello, cada curul exige responsabilidad, presencia y respeto.
Existe además otra interrogante que merece respuesta. Si efectivamente se utilizaron incapacidades médicas para justificar ausencias que no correspondían a una condición de salud real, ¿qué médico emitió esos documentos? ¿Fueron expedidos conforme a la ley? ¿Existió alguna irregularidad?
Son preguntas legítimas que deben responderse con transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad porque son ellos quienes pagan los salarios, las prestaciones, los aguinaldos y el funcionamiento completo del Congreso.
Cuando un diputado incumple, debe señalarse. Cuando un legislador trabaja, también debe reconocerse.
Y cuando las evidencias son públicas, verificables y observables por cualquier persona, lo mínimo que puede exigirse es una explicación clara y el reconocimiento honesto de que se cometió un error.
Porque también vale la pena formular una última pregunta: si un diputado solicita nuevamente la confianza de los ciudadanos para reelegirse, ¿cómo puede pedir un nuevo mandato cuando existen cuestionamientos sobre el cumplimiento del que actualmente ejerce?
Esa es, al final, la discusión de fondo.
