Ciudad de México.- Un juez de Miami condenó a los presuntos prestanombres de Genaro García Luna a pagar 578.5 millones de dólares a México, aunque en la práctica, el monto que recibirá el Gobierno será mucho menor.
Además, el juez Thomas Rebull ordenó traspasar a México el departamento 1505 en el edificio Península II de Aventura, Florida, valuado actualmente en poco más de un millón de dólares.
En una audiencia realizada en la Corte del Undécimo Circuito de Miami-Dade, el juez resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la familia Weinberg, señalados como socios de García Luna, tienen que cumplir el acuerdo confidencial que habían alcanzado en febrero de 2025.
«Los Weinberg aceptaron este acuerdo para dejar atrás este suplicio», dijo su abogado en Miami, Chris Flood.
Dicho acuerdo no se había concretado y la UIF había solicitado a la Corte reabrir el proceso contra los Weinberg y llevar el caso a un juicio con jurado, lo que el juez rechazó ayer.
El convenio fue pactado para dar fin a la demanda civil iniciada por la UIF en 2021 para reclamar 750 millones de dólares producto de contratos del Gobierno a empresas vinculadas con el ex Secretario de Seguridad Pública, preso en Nueva York desde 2019 por proteger al Cártel de Sinaloa.
Parte de ese dinero, según la UIF, fue usado por los Weinberg para comprar al menos 28 inmuebles en Florida en la década pasada, de los que 18 ya habían sido vendidos a mediados de 2025, generando ingresos de unos 28 millones de dólares. Presumiblemente, estos fondos serán entregados a México.
Si bien el acuerdo es confidencial, un elemento central era que la FGR otorgaría un criterio de oportunidad a Mauricio y Jonathan Weinberg, por el cual serían testigos colaboradores y se cancelarían cargos penales en su contra en México, a cambio del pago de una reparación de daño al Gobierno.
«En su memorándum del pasado 6 de marzo, los demandados Weinberg dieron a entender que ya recibieron el criterio de oportunidad, como lo requería el acuerdo entre las partes de 19 de febrero de 2025, y por tanto, esta Corte emite la sentencia final en términos de dicho acuerdo, que corresponde ejecutar a las partes», ordenó el juez Rebull.
Esta fue exactamente la petición que hicieron los Weinberg, quienes se oponían a reabrir el proceso, como había solicitado la UIF.
Los 574.5 millones de dólares de la condena, que incluyen 8.25 por ciento de interés anual, son el monto que la UIF mencionó en su demanda como la pérdida del Estado mexicano por la «conversión» del dinero pagado a las empresas, al usarlo para comprar departamentos.
En cambio, no se contemplan los 750 millones de dólares que la UIF demandaba como monto global de reparación, ni el «triplicado» de dicha suma como sanción adicional, que sí se aplicó en sentencias dictadas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, Linda Pereyra, quienes no se defendieron en este proceso ni tienen recursos para pagar.
La Secretaría de Hacienda señaló que los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación parcial al pago de las cantidades determinadas por la autoridad judicial. (AGENCIA REFORMA)
