Por medio de una iniciativa impulsada por Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, el poder legislativo coahuilense logra dar un gran paso hacia garantizar la igualdad sustantiva por medio de una reforma constitucional.
Con la consigna de armonizar la legislación estatal con los cambios federales aprobados en 2024 en materia de igualdad sustantiva, el dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, establece la obligación del Estado de ir más allá de la igualdad formal.
Lo anterior, adoptando medidas para eliminar barreras estructurales que afectan principalmente a las mujeres, incorporando a nivel constitucional la perspectiva de género como criterio obligatorio en la actuación de las autoridades y se reconoce el derecho a una vida libre de violencia.
Otra reforma que se introdujo en la legislación local fue que a partir de esta aprobación, se establece la responsabilidad del Estado de impulsar acciones para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Además, se modifica la interpretación de las leyes, con lo que se establece que las autoridades deberán aplicar el principio que más favorezca a las personas, considerando condiciones de desventaja a la que puedan estar sujetas.
Por otro lado, se establece el enfoque de interseccionalidad en la impartición de justicia, mientras que en el ámbito institucional, ministerios públicos, autoridades educativas o corporaciones de seguridad, deberán utilizar la perspectiva de género en sus funciones, mientras que los ayuntamientos tendrán que adecuar sus reglamentos garantizando estos principios.
De esta manera la Constitución de Coahuila adquiere el reconocimiento de la diversidad de estructuras familiares, agregando también al concepto de familias distintos modelos existentes en la sociedad.
La reforma no solo se aplicará en los ámbitos de litigio o seguridad, también establece medidas en el ámbito laboral para garantizar igualdad en procesos de contratación, permanencia y ascenso, lo mismo que para la prevención de la discriminación.
Al ser votada por mayoría y aprobada, esta el dictamen se envía a los 38 cabildos del estado que deberán aprobarlo, para que pueda ser publicada en el Periódico Oficial del estado, con lo cual entrará en vigor su aplicación.
