El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El mismo miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Me cuidaré de no cometer ninguna infidencia en mi relato, acompáñenme, por favor.
En las primeras horas de la madrugada del 30 de abril, recibí una llamada, por lo extraña de la hora, revisé en el identificador del teléfono su procedencia: Presidencia de la República. Me decidí a contestar.
Una voz femenina, amablemente, me avisó que la presidenta Claudia Sheinbaum deseaba hablar conmigo; de inmediato le dije que desde luego, estaba a sus órdenes.
Segundos después, al teléfono la presidenta, después de los saludos de cortesía, me preguntó mi opinión sobre el asunto en cuestión.
Para tomar aire e incorporarme completamente, le pedí a la presidenta que mejor fuera ella la que me indicara su postura, dígamelo de corrido presidenta para, después de analizarla, plantearle mi enfoque y sugerencias. Le solicité.
Aceptó y en seguida señaló lo siguiente:
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.
Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.
Una vez que la presidenta terminó de plantear su postura; me preparé, para darle respuesta. Con algo de nerviosismo, traté de limpiar mi garganta para ello.
Sorpresivamente un ruido estridente invadió mi recámara; en unos instantes me di cuenta que era el despertador, que me llamaba a levantarme para ir a entrenar, como todos los días.
Vestí mi short y tenis y me dispuse a iniciar mi rutina. Mientras corría por las calles de mi barrio, una duda inquietaba mi mente: ¿Qué le hubiera contestado a la presidenta, si el despertador no hubiera funcionado?
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
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