La embajada no es Airbnb
En un país donde millones de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, hay una línea que no podemos permitir que se cruce: la que separa el servicio público del privilegio personal. Por eso esta semana presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Marcelo Ebrard y la exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco. No es un acto de protagonismo ni una estrategia electoral. Es, simplemente, una exigencia de legalidad.
Los hechos son conocidos y, más importante aún, reconocidos por el propio involucrado. Entre 2021 y 2022, cuando encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, el hijo de Ebrard residió durante aproximadamente seis meses en la residencia oficial de la embajada de México en Londres. No estamos hablando de un alojamiento cualquiera, sino de un inmueble ubicado en una de las zonas más exclusivas y costosas del mundo, mantenido con recursos públicos.
La justificación ha sido, por decir lo menos, desconcertante: un gesto de apoyo ante la preocupación de un padre. Nadie cuestiona el afecto familiar. Lo que está en discusión es algo mucho más serio: el uso de bienes del Estado como si fueran patrimonio privado. Porque mientras cualquier familia mexicana tiene que pagar renta, servicios y manutención cuando un hijo estudia en el extranjero, aquí parece que bastó con tener las llaves correctas.
Por eso la denuncia no es un gesto simbólico. Hemos solicitado que se investiguen posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. También pedimos que se revisen registros administrativos, bitácoras de uso y cualquier documento que permita esclarecer quién autorizó esta estancia, en qué condiciones y con cargo a qué recursos.
Algunos intentarán minimizar el tema. Dirán que hay asuntos más urgentes, más graves, más visibles. Pero esa es precisamente la lógica que ha permitido que la corrupción eche raíces profundas: normalizar los privilegios pequeños hasta que se vuelven costumbre. Porque el problema nunca es un caso aislado, sino el mensaje que deja. Si hoy se justifica el uso de una residencia oficial para fines personales, mañana se justificará cualquier otra cosa.
El jueves pasado, la presidenta Sheinbaum aseguró que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abriría una investigación “automática” para determinar las responsabilidades correspondientes. Ojalá y no se trate de otra “indagatoria más”, como las que hicieron a Pio López Obrador por sus sobres llenos de dinero; las de la Casa Gris del hijo de AMLO o, las del Tren Interoceánico, destinadas todas a garantizar la impunidad de los implicados. Aquí todo apunta a que se abusó del poder y debe haber sanciones ejemplares.
No se trata de una vendetta política ni de un ajuste de cuentas. Se trata de establecer un principio básico: los bienes públicos no tienen dueño. Pertenecen a la sociedad, y su uso debe responder exclusivamente al interés general. Cada peso invertido en nuestras representaciones diplomáticas proviene del esfuerzo de millones de mexicanos que difícilmente tendrían acceso a esos espacios.
La discusión de fondo es sencilla, aunque incómoda: ¿queremos un país donde el poder abre puertas privadas o uno donde la ley establece límites claros? Si aspiramos a lo segundo, entonces no hay excepciones posibles. La embajada no es un hotel, ni una residencia familiar, ni un gesto de buena voluntad. Es una institución del Estado mexicano.
Y en una República que se respete, el Estado no se renta, no se presta… y mucho menos se hereda.
