En el estado, apenas el 10 por ciento de las mujeres que sufren episodios de violencia familiar deciden continuar con el proceso legal contra sus agresores. Ante este panorama, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) intensificó sus protocolos de seguimiento para evitar que las víctimas desistan de las denuncias y otorguen el perdón legal.
Patricia Moreno Domínguez, directora de la UNIF, explicó que la estrategia central consiste en visitas domiciliarias posteriores a la crisis. Acompañadas por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, las autoridades buscan romper el círculo de violencia mediante el convencimiento y el acompañamiento jurídico, evitando que la víctima se retracte por presión o normalización del abuso.
Durante el primer trimestre del año, la dependencia ha atendido un promedio de 100 denuncias mensuales relacionadas con agresiones a mujeres y menores, cometidas principalmente por esposos o parejas sentimentales.
El protocolo estatal establece una coordinación estrecha con el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Moreno Domínguez detalló que, incluso en casos donde no hay una denuncia inicial, el personal especializado acude al domicilio tras reportes vecinales o llamadas al número de emergencias.
«Vamos y tocamos las casas de las mujeres que ya fueron agredidas y las invitamos a poner la denuncia. No se puede obligar, pero sí buscamos que tengan la atención y que sientan a la policía cerca», señaló la funcionaria.
Como parte de la estrategia de seguridad, se implementan rondines de la Policía Violeta y la intervención de la UNIF para gestionar la salida del agresor del domicilio, quien es puesto a disposición de las autoridades competentes para garantizar la integridad de la familia. (DAVID GONZÁLEZ/INFONOR)
