En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo para solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a revisar el mecanismo de actualización tarifaria establecido en el título de concesión de la Autopista Saltillo-Monterrey, a fin de que los incrementos en el peaje no superen el índice inflacionario del periodo correspondiente y a supervisar el cumplimiento.
Quienes usan cotidianamente dicha autopista han sido testigos de incrementos tarifarios sostenidos que han rebasado con creces el comportamiento de la inflación. Desde su inauguración en 2009, cuando el peaje costaba 39 pesos, la tarifa para automóviles llegó a 150 pesos a partir del 13 de abril de 2026, lo que representa un incremento acumulado de 284 por ciento, frente a una inflación registrada en ese mismo periodo de apenas 109.55 por ciento.
Uno de los elementos que los usuarios de una autopista de cuota tienen garantizado, y que forma parte de la justificación del cobro del peaje, es el servicio de asistencia vial. No obstante, se tienen conocimiento de casos en los que dicho servicio ha resultado insuficiente o directamente inoperante: usuarios que han quedado varados en la vía durante horas sin recibir atención efectiva, personal de asistencia que abandona el servicio por cambio de turno sin dejar reporte ni garantizar el relevo y líneas de atención que no contestan. Todo esto en una vía por la que se paga un peaje que no ha dejado de subir año con año.
Esta vía opera bajo un esquema de concesión otorgado por el gobierno federal, lo que significa que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quien, en su carácter de autoridad concedente, tiene la facultad y la obligación de supervisar que las condiciones pactadas en el título de concesión se cumplan, incluyendo las relativas a los mecanismos de actualización tarifaria, las obligaciones de inversión en infraestructura, el mantenimiento de la vía, la calidad del servicio de asistencia vial y el acceso efectivo al seguro de viajero por parte de todos los usuarios, independientemente de su modalidad de pago.
Ante este panorama, resulta necesario que la autoridad federal competente intervenga en el ámbito de sus atribuciones para garantizar que la operación de esta vía responda a los estándares de servicio y equidad tarifaria que los usuarios coahuilenses merecen. (El Heraldo de Saltillo)
