Yessica Esquivel Alonso
Corrupción y desigualdad: el impacto en las mujeres
Durante mucho tiempo, la corrupción se ha entendido como un problema general: dinero que se desvía, trámites que se retrasan o decisiones que se comparan. Pero esta mirada deja fuera algo fundamental: la corrupción no afecta a todas las personas por igual. En realidad, tiene efectos distintos dependiendo de quién la enfrenta, y en muchos casos, impacta con mayor dureza a las mujeres.
Diversos organismos internacionales han señalado que la corrupción no es neutral. En sociedades donde existen desigualdades, estas prácticas tienden a profundizarlas. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener menor acceso a redes de poder, menos recursos económicos y mayores responsabilidades de cuidado. Esto hace que, cuando se enfrentan a actos de corrupción, tengan menos herramientas para resistirlos o denunciarlos.
Además, las mujeres interactúan con mayor frecuencia con servicios públicos esenciales como salud, educación o programas sociales. Ahí es donde la corrupción se vuelve especialmente visible y dolorosa. Cuando se exige un pago indebido para recibir atención médica, cuando un apoyo social se condiciona o cuando un trámite se retrasa intencionalmente, son ellas quienes con frecuencia absorben el impacto directo, no solo en su vida, sino en la de sus familias.
Pero no todas las mujeres viven la corrupción de la misma manera. Aquí entra un concepto clave: interseccionalidad. Esto significa que las desigualdades se acumulan. Una mujer indígena, una mujer en situación de pobreza, una migrante o una mujer transgénero puede enfrentar múltiples barreras al mismo tiempo. En estos casos, la corrupción no solo es un obstáculo más, sino una barrear casi imposible de superar.
Por ejemplo, en comunidades marginadas, hay mujeres que deben pagar sobornos para acceder a servicios básicos como el agua, salud o documentos oficiales. Par quienes ya viven en condiciones precarias, estos “pagos” pueden significar elegir entre alimentarse o acceder a un derecho. Y en muchos casos, simplemente quedan excluidas.
Una de las formas más graves —y menos visibles— de corrupción es la llamada “sextorsión”. Se trata de situaciones en las que no se pide dinero, sino favores sexuales a cambio de un servicio público, un trámite o incluso para evitar una sanción. Es una forma de corrupción que también es violencia de género.
Lo más preocupante es que casi no se denuncia. El miedo, la vergüenza, el estigma y la falta de mecanismos claros hacen que estas situaciones permanezcan ocultas. Muchas mujeres prefieren guardar silencio antes que enfrentar un sistema que no siempre les cree o las protege. Así, la corrupción no solo se comete, también se esconde.
Por eso, hablar de corrupción no puede limitarse a números o escándalos. También implica reconocer cómo afecta la vida cotidiana de las personas y, en particular, de quienes están en mayor desventaja. Cuando una mujer no puede acceder a un servicio de salud por no pagar un soborno, o cuando es obligada a intercambiar favores sexuales para obtener un derecho, estamos frente a una injusticia profunda.
Combatir la corrupción exige algo más que leyes: requiere un análisis con perspectiva de género y derechos humanos, asumido por todas las personas involucradas en su combate —autoridades, personas juzgadoras y operadores institucionales— Esto implica reconocer las desigualdades existentes, diseñar mecanismos de denuncia seguros, fortalecer la capacitación de las autoridades y garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia sin miedo y sin discriminación.
Porque solo cuando entendamos estas desigualdades podremos enfrentar el problema de fondo: que la corrupción no es igual para todas las personas. Y que, en muchos casos, la corrupción y las desigualadas se entrelazan para generar un impacto más profundo en las mujeres.
Yessica Esquivel Alonso
Academia Interamericana de Derechos Humanos
