¿Un juicio político para Maduro?
Hay algo fundamental que se ha pasado por alto en el caso de Nicolás Maduro: la salud democrática de Venezuela. Y es que la nación quedó profundamente agitada tras su captura. Este suceso dio paso a una nueva etapa de incertidumbre y fragmentación política en un país ya marcado por la polarización y el deterioro democrático.
La vuelta a la normalidad requiere más que una “operación cicatriz”. Tampoco será suficiente comprobar la culpabilidad de Maduro en el juicio que enfrenta en Estados Unidos. Incluso si Marco Rubio impulsa una transición pactada, respaldando a figuras opositoras como María Corina Machado, el problema de fondo de la democracia venezolana seguirá sin resolverse.
Me refiero a que ninguna de las acciones anteriores logrará aclarar si realmente el régimen bolivariano de Nicolás Maduro vulneró la democracia y los derechos humanos para mantenerse en el poder. Sospechas que se apoyan en cuestionamientos de actores políticos e informes de organismos internacionales sobre la integridad de los procesos electorales en los que fue reelegido presidente.
Las acusaciones son delicadas precisamente porque, además de señalar irregularidades electorales, también apuntan hacia una supuesta estrategia deliberada para reprimir la participación política. De hecho, diversos especialistas equiparan estas prácticas antidemocráticas con violaciones de los derechos humanos.
Ahí tenemos los señalamientos de la Asamblea venezolana en 2018, entonces de mayoría opositora, que desconoció la legalidad del proceso electoral y calificó el nuevo mandato de Maduro como ilegítimo.
Después vinieron los comicios de 2024. Todas las miradas se posaron sobre Venezuela. Tras los resultados, llovieron los cuestionamientos. Fue entonces cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un duro informe señalando múltiples irregularidades.
Las controversias sobre la transparencia y equidad electoral no hicieron más que agudizarse. El debate salió de Venezuela y pronto se convirtió en un tema de interés global. Washington perdía la paciencia.
El embrollo es que en ese país también hay voces que sostienen lo contrario. Los seguidores de Maduro afirman que fue víctima de una persecución motivada por intereses geopolíticos para descarrilar su movimiento, y que no existen hechos comprobados de atentar contra la voluntad popular.
En todo caso, no hay mejor tónico para la democracia que la verdad. Y aunque las violaciones de los derechos humanos durante su gobierno parezcan evidentes, la única forma de despejar esas dudas es mediante un proceso institucional transparente, justo y sustentado en razones legales.
Por eso creo que la solución definitiva implica que Nicolás Maduro rinda cuentas ante los tribunales y el legislativo de su propio país. Se trata de un procedimiento interno de naturaleza judicial y política, previsto en la Constitución venezolana como declaración de mérito para el enjuiciamiento. Un mecanismo equivalente a un juicio político o impeachment.
Es cierto que este es un proceso complejo, principalmente en un contexto donde la independencia del Tribunal Supremo de Justicia también ha sido cuestionada. Pero, si se busca esclarecer con certeza jurídica la responsabilidad de Maduro y la de otros funcionarios en un eventual rompimiento del orden democrático, es indispensable encontrar los cauces para garantizar su credibilidad.
Al final, lo que está en juego no es la probable culpabilidad de un individuo, sino recuperar la salud democrática de Venezuela.
