Privilegios e impunidad
Uno de los principales objetivos del Plan B de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, es combatir la corrupción y acabar con los privilegios, y de ser aprobado habría un ahorro gubernamental de unos 4 mil millones de pesos, y para alcanzarlo se establecerían topes en los sueldos y en el número de regidores y diputados locales, en los municipios y en los congresos estatales.
De igual manera, se pretende combatir y terminar con las conocidas como ‘pensiones doradas’ a las que tienen acceso, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ex funcionarios de entes gubernamentales como CFE y Pemex entre otras dependencias, que reciben por concepto de pensiones, cifras millonarias. Según datos de la dependencia, entre tres mil 404 y cinco mil 600 ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.
Al menos cuatro de los jubilados, reciben una pensión superior al millón de pesos, entre los que se mencionó a Carlos Arturo Sánchez Magaña y Jorge Evodio Chapa –ambos jubilados de Pemex-, así como el ex secretario José Ángel Gurría. Un estimado oficial plantea que al menos 67 por ciento de unos 14 mil pensionados de diversos organismos gubernamentales, perciben mensualmente ingresos superiores al sueldo de la presidenta de México.
La información por sí sola resulta ofensiva para millones de mexicanos que reciben una pensión mínima al término de su vida laboral, y por supuesto que nadie en sus cabales podría oponerse a que se terminen ese tipo de privilegios. Como tampoco nadie se opondría, más bien al contrario, que se redujeran el número de regidores y diputados –locales y federales-, así como los salarios que se auto autorizan ellos mismos.
El monto del ahorro, como mencionamos y de acuerdo con la presidenta sería de unos 4 mil millones de pesos que se destinarían a los municipios para atender las más importantes y básicas necesidades de la población.
Ese combate que pretende Claudia Sheinbaum, para terminar con la corrupción y los privilegios es de aplaudirse, pero tendría que ir también en paralelo con el combate a la impunidad porque, imagínese que se fuera con toda la fuerza del estado en contra de quienes fueron partícipes del huachicoleo fiscal que le provocó un daño al erario del país cercano a los 600 mil millones de pesos según lo expuso en su momento –octubre de 2025- ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano; aunque después se buscó matizar a través de la Secretaría de Hacienda, arguyendo que el quebranto inicial identificado a través de 120 denuncias era de ‘sólo’ 16 mil millones de pesos.
Un mundo de diferencia entre lo reconocido inicialmente de 600 mil millones de pesos, y lo que se dijo que estaba ‘querellado’ 16 mil millones de pesos, pero como diría el clásico ‘haiga sido como haiga sido’ este último monto equivale a cuatro veces lo que pretende ahorrar la presidenta con su Plan B.
Pero si en el combate a la impunidad se le suman algunos otros casos como el de Segalmex, donde se calcula que se defraudaron 9 mil 500 millones de pesos –aunque la Secretaría de la Función Pública dijo que el desfalco comprobado era de ‘sólo’ 2 mil 700 millones de pesos-; o el caso del INSABI al que le bastaron tres años para mostrar su fracaso, periodo en el que gastó 234 mil millones de pesos, y que al momento de su desaparición dejó 75 por ciento del total sin transparentar.
¿Y dónde están también los responsables de todos estos desfalcos? Y eso que mencionamos solo algunos de los casos de corrupción más emblemáticos de nuestro país, y de todos esos montos multimillonarios, ¿cuánto se ha logrado recuperar y a dónde han ido a parar o en qué se invirtieron si es que se recuperó algo?
En el combate a la corrupción y a los privilegios, se debería incluir el de la impunidad, pero sólo un detallito más si es que no es mucho pedir: que se haga la voluntad de Dios, pero en todos los bueyes, no solamente en los de mi compadre. Porque al final del día el gran problema de México no es la corrupción, sino el de la impunidad, ya que al no haber castigo ni consecuencias por ese tipo de actos, éstos se seguirán repitiendo una y otra, y otra vez.
Sobre todo si la justicia es selectiva de acuerdo con los colores de a quien se le aplica. Se imagina que verdaderamente se fuera en contra de todos los responsables de la corrupción, de los privilegios, de la impunidad, y se recuperaran todos los montos defraudados, la enorme bolsa de recursos que se lograría reunir ¿a cuántas veces equivaldría los 4 mil millones de pesos que pretende ahorrar la presidenta con su Plan B?
X= @JulianParraIba
