Democracia sin contrapesos: la ruta hacia el partido hegemónico
Las reformas electorales son, por definición, reformas de poder. Por eso exigen una deliberación profunda y una visión de Estado que trascienda coyunturas partidistas. La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de generar consensos amplios, ha encendido alertas legítimas en distintos sectores.
Reducir presupuestos y limitar funciones de las autoridades electorales puede parecer una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que cuando los órganos encargados de organizar elecciones pierden autonomía y capacidad técnica, la equidad del proceso se resiente. La advertencia reciente de Transparencia Internacional sobre el deterioro democrático y el aumento de la corrupción en contextos de debilitamiento institucional debería ser tomada con seriedad.
A lo anterior se suma la inquietante omisión sobre el financiamiento ilegal. En un país donde la violencia y el crimen organizado amenazan la legitimidad de las elecciones, la falta de castigos ejemplares manda una señal peligrosa. Es indispensable implementar controles rigurosos para identificar recursos ilícitos en campañas, incluyendo auditorías en tiempo real respaldadas por inteligencia financiera. Debe establecerse la nulidad de comicios cuando se compruebe financiamiento criminal, la pérdida del registro para partidos que respalden aspirantes ligados al crimen organizado, y sanciones penales para líderes que avalen candidaturas con vínculos sospechosos. Además, resulta evidente que Morena busca reducir el financiamiento público justo ahora que ya no lo necesita.
En su momento, cuando era oposición y le perjudicaba, defendió el financiamiento público ante tribunales. Hoy, pretende disminuirlo porque existen señales de que dispone de otras fuentes de recursos, posiblemente relacionadas con el crimen organizado.
Sin embargo, la mayor contradicción radica en el discurso. Se habla de “democracia participativa” y de ampliar instrumentos de consulta, mientras el proceso de construcción de la reforma carece de mecanismos reales de deliberación plural. No se convocó a foros amplios, ni a consultas vinculantes; se anunció desde el poder y se pretende aprobar con mayoría legislativa. Participación no es escuchar sólo a quienes piensan igual.
Finalmente, no puede ignorarse el contexto económico. Mientras se promueven reformas que concentran poder, el país enfrenta una pérdida constante de empleos formales y un crecimiento de la informalidad que precariza la vida de millones. Invocar “la voz del pueblo” resulta insuficiente cuando las familias ven deteriorarse sus oportunidades.
La democracia no se agota en ganar elecciones; se sostiene en reglas imparciales, instituciones sólidas y respeto a la pluralidad. En un contexto donde la economía no crece, el empleo formal se contrae y la informalidad va en aumento, la prioridad debería ser fortalecer oportunidades y confianza, no concentrar poder. Pero eso, es claro, que no le importa ni a la presidenta Sheinbaum ni a nadie en Morena.
México necesita una reforma electoral que fortalezca los contrapesos, que garantice representación plural y que cierre la puerta al dinero ilícito. Cualquier cambio que apunte en dirección contraria no será una modernización democrática, sino un retroceso institucional cuyas consecuencias podrían acompañarnos por décadas.
