En el IMSS se redujo el gasto en un 3.4 %, entre 2023 y 2024; y el ISSSTE enfrenta una presión financiera que podría superar los 50 mil millones de pesos para 2050. Para población sin seguridad social, el presupuesto para cáncer de mama y cervicouterino sufrió un recorte del 52.7 %, entre 2017 y 2023.
Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), elaboró el documento: Recursos para la atención de Cáncer. Variaciones, rezagos y retos para la cobertura, en el que se analiza la situación actual del financiamiento público para esta enfermedad. La realidad es compleja: mientras la necesidad de atención crece, los recursos y la claridad en la información van en sentido contrario.
En México, el cáncer es una de las principales causas de muerte, y se estima que para 2050 los casos podrían aumentar hasta un 90 %. Sin embargo, el presupuesto destinado a enfrentarlo no sigue la misma tendencia. El análisis realizado por el CIEP revela que el financiamiento actual es insuficiente, desigual y cada vez menos transparente.
La investigación destaca que la brecha estimada de financiamiento para cáncer en población sin seguridad social es de alrededor de 27.4 mil millones de pesos, lo que implica que el gasto tendría que multiplicarse por 3.5 veces respecto al nivel observado en 2018 para garantizar una atención integral.
El ISSSTE enfrenta una presión financiera que podría superar los 50 mil millones de pesos para 2050. Entre 2017 y 2023, se detectaron recortes severos en cáncer en la mujer: el gasto cayó 52.7 %, con reducciones superiores al 70 % en cáncer de mama y cervicouterino, además de una disminución en el suministro de medicamentos oncológicos. Aunado a ello, se presenta un déficit de infraestructura y personal especializado, con grandes diferencias territoriales en oncología, radioterapia y medicina nuclear.
México necesita invertir más y mejor en la atención del cáncer, pero también, debe recuperar la transparencia y la información pública como condición mínima para diseñar políticas efectivas, equitativas y sostenibles. Sin datos, no hay diagnóstico y sin él, no hay política pública que cierre las brechas de atención ni proteja a las personas frente a una de las enfermedades más costosas y devastadoras del sistema de salud. A través de la participación de la ciudadanía y la exigencia de datos claros y oportunos se podrá construir un sistema más equitativo y transparente. (El Heraldo de Saltillo)
