Durante años nos dijeron que las monedas de los videojuegos y plataformas digitales eran solo juego. Fichas, créditos, puntos, tokens que “no valen nada” fuera de la pantalla. Entretenimiento puro. Nada serio. Nada jurídico. Pero hoy esa idea ya no se sostiene. Esas monedas ya no se quedan en el juego. Salen, circulan y empiezan a producir efectos reales como dinero, fama, influencia, tráfico digital, o incluso poder.
Lo anterior puede entenderse mejor si recordamos el caso del rapero Drake. Drake fue demandado por su relación con Stake.us, un “casino social” que usa monedas virtuales. En teoría, esas monedas no son dinero. En teoría, todo es entretenimiento.
Pero los demandantes sostienen algo muy distinto: que esas fichas electrónicas funcionan como un sustituto del dólar, y que con ellas se financiaron bots y granjas de streaming para inflar reproducciones musicales y manipular algoritmos en plataformas como Spotify.
En México no estamos tan lejos de ese escenario. Por ejemplo, millones de personas compran monedas virtuales con dinero real. Las apuestan. Las ganan. Las pierden. Les dan valor. Y sin darse cuenta, participan en economías paralelas donde lo ficticio empieza a tener consecuencias muy reales.
El problema no es que existan monedas dentro de un juego. El problema empieza cuando esas monedas se usan para comprar visibilidad, influyen en algoritmos, distorsionan mercados culturales o digitales, o generan ventajas artificiales frente a otros. Ahí el juego deja de ser juego. ¿O no?
En México ya existen normas que hablan de estas tecnologías, como la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), pero no contemplan el fenómeno de los usos fuera del ecosistema del juego o la plataforma digital, como ocurrió en el caso de Stake, donde las monedas terminaron tergiversando sistemas reales.
La regulación es limitada. Por ejemplo, como activo virtual, el bitcoin puede usarse si ambas partes lo aceptan voluntariamente. Su “valor” existe porque las personas lo reconocen como medio de intercambio, no por mandato del Estado. Pero nuestras leyes dicen muy poco —o nada— sobre el dinero de los videojuegos y las economías internas digitales.
Esto significa que cualquier intento de usar monedas internas de plataformas digitales como sustituto de dinero real carece de reconocimiento jurídico. Sin embargo, en la práctica no siempre se cumplen estas disposiciones y los particulares han generado sus propios mercados de intercambio
Se genera así un vacío que nadie quiere ver. Nuestras leyes están pensadas para bancos, pagos, contratos y dinero real. No para economías de videojuego, tokens de plataformas o monedas de fantasía con efectos reales. Y ahí se abre un problema jurídico enorme: ¿Quién responde si una moneda virtual distorsiona un mercado? El mundo digital ya no es paralelo. Es parte del mundo real. Y sus monedas, aunque no sean legales, ya mueven poder. El caso de Estados Unidos es una advertencia. México no está lejos de enfrentar escenarios similares.
El juego ya cambió. Las monedas virtuales dejaron de ser ficción cuando empezaron a mover poder real. Hoy influyen en mercados, reputaciones y decisiones. Ignorar eso es dejar que el vacío lo llenen los abusos. El derecho tiene que entrar al juego… antes de que el juego se nos salga de control.
