Regalar petróleo cuando falta todo
En los últimos meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado de manera significativa el envío de petróleo a Cuba. No se trata de un gesto menor ni de un intercambio comercial ordinario: en apenas cuatro meses, México triplicó los envíos realizados durante los últimos años del sexenio anterior, con un valor estimado superior a los tres mil millones de dólares. La decisión se ha presentado como “solidaridad”, pero los datos disponibles apuntan a otra cosa: una transferencia masiva de recursos públicos para sostener a un régimen autoritario, sin beneficios claros para México.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede un país darse el lujo de regalar petróleo cuando enfrenta carencias tan profundas? La respuesta es no. Y no por una postura ideológica, sino por una realidad económica y social que el propio gobierno reconoce en otros ámbitos. México paga una de las gasolinas más caras del mundo, incluso entre países productores, debido a una elevada carga fiscal por concepto de IEPS e IVA. Las familias mexicanas absorben ese costo todos los días, bajo el argumento de que es necesario para sostener las finanzas públicas y a Pemex.
Pero ni siquiera ese sacrificio alcanza. Pemex sigue siendo un pozo sin fondo. El robo de combustibles —huachicol físico y fiscal— que volvió multimillonario al cártel de Palenque de AMLO y sus hijos, ha generado pérdidas acumuladas que distintos reportes estiman en cientos de miles de millones de pesos, debilitando tanto a la empresa como a la recaudación del Estado. Para compensar ese desastre, el gobierno ha tenido que inyectar recursos extraordinarios: tan solo en 2025, los apoyos financieros a Pemex casi triplicaron lo originalmente aprobado, desajustando el gasto público y desplazando recursos de otras prioridades nacionales; porque es más importante encubrir al jefe, que aplicar justicia.
Aun con ese “rescate permanente”, Pemex no puede cumplir con sus obligaciones básicas. Los pagos a proveedores se han diferido hasta por ocho años, afectando a empresas que sí generan empleo, pagan impuestos y sostienen cadenas productivas en todo el país. Es decir, mientras el Estado asfixia a quienes producen, destina petróleo —y dinero— a un gobierno extranjero por afinidad ideológica. Qué viva el dictador cubano, mientras sufren las familias en México, pagan gasolinas carísimas y reciben “austeridad” en lugar de servicios públicos de calidad.
Lo más preocupante es la normalización de esta práctica. El petróleo no pertenece a la presidenta ni a Morena; es patrimonio de todos los mexicanos. En la mayoría de los países productores, esa riqueza se traduce en energía barata, infraestructura y servicios públicos funcionales. En México, en cambio, se regala el recurso y se socializan las pérdidas: inflación, hospitales sin medicinas, escuelas deterioradas y carreteras abandonadas. No es solidaridad internacional. Es una mala decisión que termina pagando, como siempre, la ciudadanía.
