Maduro, el criminal, y la advertencia para México
La captura de Nicolás Maduro no representó el fin de la dictadura venezolana ni una transición democrática, sino un reacomodo del poder bajo nuevas condiciones internacionales. El régimen continuó gobernado por los mismos actores, con Delcy Rodríguez al frente y figuras clave manteniendo el control, mientras la oposición seguía marginada. Además, el acuerdo petrolero con Estados Unidos evidenció que el interés principal de Washington era estabilizar Venezuela en función de sus propios intereses energéticos y de seguridad, no democratizar el país.
Las consecuencias para la población venezolana siguen siendo graves: millones permanecen en el exilio y quienes se quedan enfrentan pobreza, represión y falta de libertades. Este episodio demuestra que la democracia no llega con la caída de un solo líder ni por intervención extranjera; mientras las élites autoritarias y los intereses externos prevalezcan, el pueblo seguirá alejado de la libertad que exige.
Más allá de la dimensión política, la captura de Nicolás Maduro abrió una segunda vertiente igual de relevante: la del líder acusado de encabezar redes criminales transnacionales. Aunque Estados Unidos ha dejado de utilizar públicamente el término “Cártel de los Soles”, los hechos documentados confirman que Venezuela jugó durante años un papel clave como puente del narcotráfico internacional, especialmente para la cocaína colombiana.
Investigaciones periodísticas y reportes internacionales señalan que el territorio venezolano fue utilizado como corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, con la participación de sectores militares y políticos del régimen. A ello se suman indicios financieros difíciles de ignorar: cuentas congeladas en Suiza, bienes incautados en Estados Unidos y un patrimonio multimillonario que resulta incompatible con el salario que Maduro decía percibir como jefe de Estado.
Nadie con un ingreso oficialmente modesto explica mansiones, relojes de lujo, aviones privados y redes de testaferros sin levantar sospechas fundadas. Será el juicio en Estados Unidos el que determine responsabilidades legales, pero los indicios acumulados apuntan a una estructura de corrupción criminalizada en el poder.
Esta vertiente tiene implicaciones directas para México. Estados Unidos ha advertido que el caso venezolano no es aislado y que los vínculos entre regímenes autoritarios, narcotráfico y redes políticas regionales están bajo escrutinio. Existen señalamientos persistentes sobre la relación entre cárteles mexicanos y actores políticos que, hasta ahora, han gozado de impunidad.
México no puede esperar a que un gobierno extranjero actúe para hacer lo que le corresponde. La defensa de la democracia y del Estado de derecho exige perseguir y castigar a los políticos que se asocian con el crimen organizado, sin cálculos partidistas ni protección ideológica. Hacerlo no es una concesión a presiones externas, sino una obligación con las familias mexicanas, cuya seguridad y prosperidad deben estar por encima de cualquier proyecto de poder.
El caso Maduro es una advertencia para Sheinbaum y Morena. Ignorarla tendría costos demasiado altos.
