2025: El año en que las familias pagaron los errores del poder
Para millones de madres y padres de familia, 2025 fue un año particularmente difícil. La economía creció poco y mal, el empleo formal se estancó y la carestía se volvió parte de la vida cotidiana. Muchas familias enfrentaron despidos, ingresos insuficientes y, en casos extremos, la necesidad de retirar recursos de sus fondos para el retiro para resolver urgencias inmediatas. El futuro, que debería construirse con certidumbre, comenzó a financiar el presente.
A esta fragilidad económica se sumó un deterioro institucional profundo. La eliminación de los órganos constitucionalmente autónomos redujo de forma alarmante la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy, el gobierno federal decide qué información se conoce y cuál se oculta, dejando a la ciudadanía sin herramientas para vigilar el uso de los recursos públicos. La opacidad no es un asunto técnico: es un riesgo directo para la economía familiar, porque facilita la corrupción y el despilfarro.
El golpe más severo al equilibrio democrático llegó con la reforma judicial. Al someter al Poder Judicial al control del partido gobernante y debilitar la figura del amparo, se dejó a las personas prácticamente indefensas frente a abusos de autoridad. Cuando la justicia pierde independencia, las familias pierden protección.
Mientras tanto, los escándalos de corrupción se acumularon sin consecuencias. El llamado huachicol fiscal, las redes de tráfico de influencias y la impunidad que rodea a las más altas esferas del poder, comenzando con AMLO y sus hijos,confirmaron que el combate a la corrupción fue un discurso, no una política real. A esto se sumaron los excesos, lujos y viajes de dirigentes y familiares del oficialismo, en abierta contradicción con la narrativa de austeridad que se exige a la ciudadanía.
En materia de seguridad, el gobierno presumió una disminución de homicidios, pero el aumento de las desapariciones genera una legítima sospecha de maquillaje de cifras. El miedo sigue ahí, instalado en los hogares, aunque se intente ocultar con estadísticas.
Tampoco ayudaron decisiones como la imposición de la Ley de Aguas, que castiga a los campesinos en lugar de apoyarlos, ni la destrucción progresiva del sistema público de salud, agravada por la eliminación de fondos que garantizaban atención para enfermedades catastróficas.
Aun así, no todo es resignación. Frente a este panorama, Acción Nacional ha iniciado un proceso de relanzamiento serio, abierto y ciudadano, con el compromiso de defender a las familias mexicanas, el estado de derecho y la prosperidad compartida.
Que 2026 sea un año de reconstrucción, esperanza y responsabilidad. Las familias merecen un país que piense en su futuro, no en los privilegios del poder.
