La necesidad de abordar la migración interna en México como un problema público
Por: M.C. Alberto Damián Flores Araujo
La migración interna en México exige ser reconocida y tratada como un problema público de primer orden. El crecimiento demográfico, impulsado por estos flujos, tiene la capacidad de impactar positiva o negativamente la dinámica estatal y municipal. Lo preocupante es la presión sostenida que la población migrante ejerce sobre la provisión de recursos y servicios esenciales (salud, educación, infraestructura, seguridad, vivienda, agua, entre otros), lo cual puede generar serias consecuencias negativas en las entidades federativas receptoras.
Si bien existen esfuerzos dispersos para atender esta realidad, es imperativo un llamado a la acción más coordinado y profundo. Los distintos niveles de gobierno, en colaboración estrecha con los sectores académico, privado, organismos no gubernamentales y sociedad civil, deben diseñar diagnósticos adecuados que permitan una comprensión más fina del problema, sentando así las bases para mecanismos de acción eficaces para reducir la migración interna.
Una de las estrategias más vitales debe enfocarse en el fortalecimiento del empleo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de idear mecanismos que permitan a las entidades federativas atraer mayores niveles de Inversión Extranjera Directa (IED). En última instancia, esta inversión se traduce directamente en mejores oportunidades de empleo formal para la población económicamente activa, ofreciendo un incentivo poderoso para reducir la necesidad de movilidad.
El ejemplo de la frontera norte es particularmente ilustrativo. Estos estados no solo contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto nacional, sino que su dinamismo económico los hace atractivos para la IED y la Investigación y Desarrollo (I+D), generando una robusta cadena de empleos directos e indirectos. Esta certidumbre económica se correlaciona con una mayor capacidad de gestión institucional que permite diseñar y aplicar políticas públicas efectivas. Estos modelos de generación de empleo tienen el potencial de ser replicados en otros estados, contribuyendo a la disminución de la dinámica migratoria a nivel nacional.
Al momento de definir una política pública integral en materia de migración interna, es crucial considerar los siguientes elementos: a) generar conciencia en la población sobre el impacto (positivo y negativo) de la migración interna en las entidades de origen y destino; b) establecer como objetivo central la reducción de la migración interna neta, entendida como la migración motivada por la falta de oportunidades; c) identificar y mitigar los riesgos que la afluencia migratoria pudiera generar en el desempeño de la prestación de bienes y servicios públicos. d) evitar la estigmatización de las personas que deciden migrar, especialmente si lo hacen por motivos de inseguridad, violencia o por ser migrantes procedentes de zonas rurales.
En este sentido, alcanzar el objetivo de reducir la migración interna demanda un trabajo coordinado por los tres órdenes de gobierno en México. Es indispensable que se asignen mayores recursos para crear programas presupuestarios enfocados en:
Empleo y desarrollo económico regional.
Educación y capacitación laboral.
Combate a la violencia en todas sus formas.
Comprender la raíz de por qué las personas abandonan sus lugares de origen es crucial. Es un imperativo ético y estratégico implementar políticas públicas que aseguren que la movilidad demográfica no sea consecuencia de la falta de oportunidades laborales o de la violencia. Las entidades receptoras modificarán inevitablemente su prestación de bienes y servicios ante la mayor demanda, pero es mejor prevenir la migración por necesidad que gestionar la crisis en la recepción.
Finalmente, para asegurar el éxito de estas políticas, los programas presupuestarios deben diseñarse con un enfoque formal y riguroso. En este sentido, la Metodología de Marco Lógico (MML) emerge como un elemento clave para garantizar que estos programas logren el impacto deseado en la población objetivo. Solo con una gestión pública basada en la evidencia y la eficiencia podremos transformar este desafío en una oportunidad para un desarrollo territorial más equitativo y sostenible.
- El autor es vicepresidente Región Sureste Colegio de Economistas de Coahuila
