Washington DC, Estados Unidos.- El Gobierno del presidente Donald Trump acumula múltiples demandas de ciudadanos estadounidenses detenidos en las redadas migratorias, entre los que se cuenta un trabajador de la construcción arrestado dos veces y un anciano golpeado y mantenido bajo custodia a pesar de que se recuperaba de una cirugía de corazón.
Las querellas legales, que piden indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares contra el Ejecutivo estadounidense por violaciones a los derechos constitucionales de sus ciudadanos, se están convirtiendo en el pan de cada día.
El pasado 29 de septiembre, el estadounidense Leonardo García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por detenerlo en dos ocasiones en obras de construcción, que se han convertido en uno de los blancos favoritos de los agentes migratorios. Este caso forma parte de una demanda colectiva que incluye 19 ejemplos similares de detenciones injustificadas.
La demanda busca indemnizar al trabajador y destaca que estas políticas afectan a ciudadanos inocentes y trabajadores.
Otro caso es el de Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años que sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas y traumatismo craneoencefálico, durante una redada migratoria en su lavadero de autos en Los Ángeles.
Videos de seguridad muestran a agentes irrumpiendo en el negocio y empujando a Shouhed al suelo. A pesar de sus súplicas de dolor y de haber sido operado del corazón, los agentes lo inmovilizaron y no le proporcionaron atención médica. La demanda busca una indemnización de 50 millones de dólares por las lesiones y la angustia infligida.
Además, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por detenciones arbitrarias durante las redadas. Entre ellos se encuentra Cary López Alvarado, quien asegura que su bebé nació prematuro después de ser detenida estando embarazada. Su abogado busca al menos un millón de dólares de indemnización en cada caso y afirma que las acciones de los agentes fueron brutales.
La situación ha generado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes. (El Heraldo de Saltillo)
