Plantean a Congreso de Coahuila modificar fecha de informe del gobernador

Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del Estado, planteada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el objetivo de modificar la fecha en que se lleva a cabo la presentación del informe del titular del Ejecutivo Estatal.

La propuesta menciona que actualmente, la legislación vigente establece que para la presentación de dicho informe, se tiene como fecha fija el 30 de noviembre de cada año, a excepción del último año del mandato, en que debe rendirse en los primeros quince días del mes de noviembre.

Agrega que aunque dicha disposición ha funcionado hasta hoy como una base institucional para el cumplimiento de esta obligación del mandatario estatal, por la experiencia administrativa de todo lo que conlleva su realización es necesario dotar de mayor flexibilidad al momento de su rendición.

Por ello, se propone esta reforma tanto a la Constitución Política del Estado de Coahuila como también a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a fin de permitir que la rendición del informe correspondiente, ante el Congreso, pueda realizarse en cualquiera de los últimos quince días del mes de noviembre, conservando sin modificación la excepción aplicable al último año de gobierno.

De acuerdo con la propuesta, con esto se busca una mayor flexibilización institucional para una mejor coordinación intergubernamental, con la finalidad de evitar complicaciones logísticas en la agenda del Ejecutivo y del propio Congreso, dificultando la organización de un acto que exige condiciones de formalidad, solemnidad y apertura democrática.

También menciona que el otorgar un margen de quince días permite una mejor coordinación entre los Poderes del Estado, además de que se fortalece el diálogo institucional, ya que el espacio temporal que se propone permitirá que el acto de rendición de cuentas se adapte de mejor manera a las condiciones políticas, sociales y logísticas del momento, sin que ello implique una relajación en el cumplimiento del deber de informar.

Destaca que por otra parte, no se altera el contenido ni la obligación constitucional del informe, ni se modifica el fondo ni la naturaleza jurídica de este último ni implica una reducción en el deber de informar ni en la periodicidad con que debe realizarse. (ÁNGEL AGUILAR)