Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Financiamiento climático: el nuevo reto de los gobiernos locales
Por: Mtra. Gabriela de Valle del Bosque
Las lluvias extremas, las inundaciones y las olas de calor que golpean nuestras ciudades ya no son fenómenos aislados. Son la cara más visible del cambio climático. Cada temporada, los municipios pagan facturas más altas para reparar calles, restablecer servicios o atender emergencias. Lo que pocas veces reconocemos es que esos costos son consecuencia de no haber invertido antes en adaptación.
Los municipios viven una paradoja. Son la primera línea de atención cuando llegan las contingencias climáticas, pero no cuentan con la capacidad técnica ni financiera para anticiparse. Dependen de presupuestos limitados y transferencias condicionadas. A veces reciben donativos, pero rara vez suficientes para proyectos de largo plazo. Mientras tanto, las grandes ciudades acceden a fondos internacionales, y los municipios medianos o pequeños se quedan rezagados, aunque enfrentan los mismos riesgos.
Las cifras lo confirman. En México, el financiamiento climático etiquetado alcanzó en 2021 apenas el 0.4 % del PIB, unos 70 mil millones de pesos, apenas el 1.1 % del presupuesto federal total. La propia Secretaría de Hacienda reconoce que, para cumplir con los compromisos internacionales de mitigación y adaptación, el país necesitaría alrededor de 1.7 billones de pesos anuales, es decir, casi el 7 % del PIB. Hoy invertimos siete veces menos de lo que se requiere.
Esa brecha es brutal. Y sus consecuencias las vemos todos los días. No se trata de números abstractos. Son las colonias que se inundan año tras año, las familias que pierden su patrimonio y los servicios públicos que colapsan ante cada evento extremo.
El problema no es la falta de financiamiento internacional. América Latina tiene acceso a mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y a esquemas de cooperación bilateral. La barrera está en la incapacidad de muchos municipios para formular proyectos “bancables”: propuestas sólidas, con estudios técnicos y métricas de impacto. Sin equipos preparados, los recursos no llegan o se concentran en unos cuantos gobiernos con más capacidades.
Por eso la verdadera solución no es solo más dinero, sino más capacidades locales. Necesitamos municipios con equipos especializados en planeación climática, con formación en instrumentos de financiamiento verde y con presupuestos que integren criterios de sostenibilidad. Invertir en estas capacidades es la única manera de romper el círculo de vulnerabilidad.
También debemos cambiar la lógica del gasto. Hoy seguimos invirtiendo más en reparar daños o en obras de corto plazo que en prevenir riesgos. Esa visión política puede dar réditos inmediatos, pero condena a las ciudades a gastar más y vivir peor. La adaptación exige planear con visión de futuro: infraestructura resiliente, soluciones basadas en la naturaleza y participación de las comunidades más vulnerables.
Al final, lo que está en juego es la economía de nuestras ciudades. Cada peso que no invertimos hoy en adaptación lo pagaremos multiplicado en pérdidas sociales, económicas y ambientales. No se trata de un lujo ni de un gasto adicional. La adaptación es la inversión más rentable que podemos hacer desde lo local.
