La política fiscal no son solo números: es justicia social y de género
Por: Dra. Abdelalí Jussalet Soto Vásquez
La política fiscal es con frecuencia concebida como una disciplina técnica, centrada en la administración de ingresos y egresos del Estado. Sin embargo, esta visión economicista olvida que toda política fiscal tiene consecuencias humanas. Los impuestos que se cobran, los subsidios que se otorgan y los servicios que se financian a través del presupuesto reflejan elecciones políticas que impactan de manera distinta a mujeres y hombres. Por ello, es fundamental analizar la política fiscal desde una perspectiva de justicia social y de género.
La justicia social busca garantizar la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos para todas las personas, sin distinción de género. La equidad de género, al promover oportunidades y un trato justo para mujeres y hombres, contribuye directamente a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática. En este sentido, la política fiscal no debe entenderse únicamente como un debate técnico entre economistas sobre ingresos y gastos públicos. También debe asumirse como una herramienta política con un profundo impacto en las relaciones de poder, incluyendo las de género.
Una de las preguntas fundamentales en este contexto es: ¿de qué manera el sistema fiscal mexicano ha incorporado la perspectiva de género? Lamentablemente, la respuesta es que esta incorporación ha sido limitada, y en muchos casos simbólica. Predomina una visión reduccionista que se refleja principalmente en el presupuesto de egresos de la Federación (PEF) bajo el título “Anexo XIII Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”. Aunque este anexo constituye un avance, su alcance es claramente insuficiente para transformar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Al analizar los programas contenidos en este apartado, se observa que buena parte de los recursos están dirigidos a apoyos económicos directos —como pensiones o becas— que, si bien pueden aliviar necesidades inmediatas, no atacan las causas profundas de la desigualdad. Por ejemplo, al analizar lo presupuestado en 2025, es fácil darse cuenta de que más del 60% de lo asignado corresponde a este tipo de transferencias, las cuales tienden a funcionar como mecanismos paliativos de corto plazo, más que como políticas transformadoras (CIEP, 2025).
Este tipo de medidas no modifican las dinámicas estructurales que perpetúan la desigualdad, como la carga desproporcionada del trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres, ni garantizan el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación o cuidados. Además, existe el riesgo de que estos apoyos generen dependencia económica si no se complementan con estrategias para fomentar la autonomía económica, como el acceso al empleo formal o a servicios públicos de cuidado.
Es importante recordar que el presupuesto público no es neutro al género. Cada decisión fiscal tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, y se entrecruza con otras dimensiones como la clase social, la etnicidad, la edad, la discapacidad o la ubicación geográfica. En este sentido, la justicia fiscal feminista no es solo una consigna, sino un marco político y analítico que propone poner la vida en el centro, reconociendo el valor económico y social de las actividades históricamente invisibilizadas, como el trabajo doméstico y de cuidados (Oxfam, 2023).
Incorporar esta visión requiere repensar el diseño de la política fiscal: no basta con etiquetar recursos, sino que es necesario construir un sistema tributario y presupuestario que redistribuya la riqueza, promueva la autonomía y garantice derechos. Esto implica revisar exenciones fiscales regresivas, fortalecer la progresividad del sistema tributario, garantizar servicios públicos universales y diseñar programas presupuestarios con enfoque interseccional.
Como sostiene Diane Elson, pionera en economía feminista: “Los presupuestos deben ser juzgados no solo por cuánto gastan, sino por cómo afectan a la equidad de género y a la realización de los derechos humanos” (Elson, 2006).
En definitiva, hablar de política fiscal desde una perspectiva feminista y de justicia social es hablar de redistribución del poder, los recursos y el tiempo. Es entender que detrás de cada número hay vidas, historias y derechos en juego. La política fiscal debe ser una herramienta para construir un país más justo e igualitario, donde los recursos públicos realmente sirvan para cerrar brechas y ampliar derechos.
Referencias bibliográficas:
CIEP (2025). Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025: Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Elson, D. (2006). Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. UNIFEM.
Oxfam (2023). Tiempo para cuidar: el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. Informe Anual de Desigualdad.
