Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia” con una “impunidad casi total” en la que más de nueve de cada 10 homicidios no se castigan, según denunció en un reporte la organización Human Rights Watch (HRW).
La administración de Andrés López desprotegió a los mexicanos frente a las acciones de grupos del narcotráfico con su polémica estrategia de “Abrazos no balazos, que redunda en actitudes omisivas y al dejar a las comunidades desprotegidas frente al crimen”, denunció Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
Al presentar un informe titulado “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios” que presentó en la Ciudad de México, la representante de HRW subrayó que en México se ha documentado una tasa de 28 asesinatos por cien mil habitantes, cifra que representa el doble que la media del continente que es de 15 homicidios, y por encima de Colombia con 25.7 casos y de Brasil con 21.3 reportes.
El reporte destaca que a pesar de que la actual administración federal en México ha mostrado que hará cambios sustanciales en la estrategia de seguridad con relación a lo presentado durante la administración de su antecesor, “seguimos atentamente el desarrollo, (pero) insisto: nos preocupa mucho que este Gobierno, a pesar de anunciar estos cambios, haya apoyado tanto la militarización a nivel constitucional, como la reforma al Poder Judicial”, apuntó.
La impunidad es uno de los mayores lastres que carga México señala el informe, lo que demuestra la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que carcome al país. “Los esfuerzos de las dos últimas décadas para intentar reducir la violencia se han centrado en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías del debido proceso y politizar la selección de los jueces. Estas estrategias han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces. No han abordado un problema central: la ineficacia del sistema de justicia penal”, critica el organismo.
El organismo revela, sin embargo, que la violencia está focalizada, ya que en 2023 la mitad de los homicidios ocurrieron en solo 2 por ciento de los municipios señalando a cuatro ciudades que están entre las 20 con mayores tasas de homicidios del mundo: Ciudad Obregón, Tijuana, Celaya y Ciudad Juárez.
Además de ser el país con “una de las más altas tasas de homicidios del mundo”, la agrupación con sede en Nueva York apunta que “la tasa real” de homicidios en México “podría ser incluso mayor”, pues desde 2007 han desaparecido más de 94 mil personas que las autoridades no han encontrado “ni vivas ni muertas”.
Por otro lado, HRW documentó que, de 2010 a 2022, las fiscalías estatales abrieron cerca de 300 mil investigaciones por homicidio doloso, pero solo en 51 mil casos identificaron un sospechoso, lo que equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 por ciento, “una cifra extremadamente baja”.
Mientras que, por cada 100 investigaciones abiertas de homicidio doloso, solo se emitieron siete sentencias condenatorias entre 2016 y 2021, añade el reporte con base en datos de Impunidad Cero.
Cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de Andrés López, los homicidios repuntaron un 1.2 por ciento anual en 2024 hasta los 30 mil 57, aunque los asesinatos han caído un 12 por ciento en el primer cuatrimestre de Sheinbaum hasta un promedio diario de 76.5 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque la mandataria ha prometido una estrategia basada en atender las causas de la violencia y priorizar la inteligencia, HRW criticó que “cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión, cerca de 230 mil soldados se encontraban desplegados en el país”.
En ese contexto, Tyler Mattiace, investigador de HRW presentó cinco recomendaciones para el Gobierno: mejorar la coordinación entre autoridades, atender la falta de capacidades básicas de investigación, establecer planes estratégicos de persecución penal, proteger a víctimas y testigos, y fortalecer los mecanismos de control interno en las fiscalías. (EL HERALDO)
https://x.com/hrw_espanol/status/1892241418640380383
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