La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos un punto de acuerdo planteado por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMA); a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); así como a la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado (PROPAEC), para que en el ámbito de sus atribuciones, supervisen la extracción de materiales pétreos y su inadecuada disposición final.
Asimismo, mediante el punto de acuerdo solicita a las dependencias que ubiquen mediante un censo en el estado, las autorizaciones en materia de impacto ambiental y sus permisos correspondientes, tanto federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar el derecho humano a un ecosistema sano y libre de contaminantes en Coahuila.
Uno de los temas que más relevancia ha tomado en los últimos años, es el de la contaminación ambiental y el daño que está causando al planeta la extracción de materiales pétreos, produciendo un daño irreparable al ambiente, lo que afecta de diversas formas a la flora y fauna endémica de las zonas explotadas.
Un tema relacionado con lo anterior, es el referente a la inquietud de vecinos de las colonias Quinta Manantiales, Portales, Misiones y Revolución del municipio de Ramos Arizpe, quienes se encuentran preocupados por las excavaciones en el lugar denominado “Cerro de Guanajuato” de dicha ciudad, donde abiertamente se percibe el daño ambiental que se están realizando por los trabajos de construcción, atentando contra la vida silvestre que habita en ese cerro, como son aves, halcones, colibríes, correcaminos, palomas, mamíferos como el tejón norteño, ardillón, zorro, cactáceas, mezquite y huizache, especies que, algunas de ellas, se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT- 2010.
El diputado consideró que las autoridades federales y locales involucradas en la regulación de los recursos o materiales pétreos, como las primeramente citadas, deben verificar el adecuado uso de suelo de las zonas con autorización de construcción, de igual manera la ilegal extracción de materiales pétreos en cada zona, su disposición final, así como las debidas autorizaciones en materia de impacto ambiental. (EL HERALDO)
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