Luego de efectuar labores de investigación e inteligencia, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llevaron a cabo la “Operación Enjambre” en el Estado de México, para cumplimentar siete órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios ligados con grupos delictivos.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Al desarrollar las indagatorias del caso se obtuvieron diferentes datos de prueba, que fueron entregados por la autoridad ministerial a un Juez quien libró las órdenes de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.
A través de la Fuerza de Tarea se realizó un despliegue en varios sitios de la entidad mexiquense para desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad.
Luego de efectuar el operativo y cumplimentar las órdenes de aprehensión, a los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.
Un día antes en un comunicado conjunto, el gabinete de seguridad había informado lo siguiente:
En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas
Personal de la Secretaría de Marina incautó una embarcación con 45 bultos con aproximadamente mil 710 kilogramos de cocaína
Como parte del “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo” se localizaron 5 tomas clandestinas herméticas en: Hidalgo y Querétaro
Elementos del Ejército Mexicano erradicaron 167 plantíos de amapola en 20 hectáreas y 80 plantíos de marihuana en 8 hectáreas en; Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero
El Gabinete de Seguridad informó, además, de otros eventos relevantes del mes de noviembre de 2024, producto de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.
En el ejecutivo federal que recién inició, con su estilo personal de gobernar, las instituciones del Gabinete de Seguridad han reiterado su disposición a trabajar en coordinación con los gobiernos estatales para la detención de objetivos prioritarios y mantener la paz en el país.
Así lo vemos en las acciones en este inicio de administración federal; pero debemos tener claro que se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.
En este afán, y para que las acciones y los resultados se consoliden a corto, mediano y largo plazo, gobernadores, gobernadores, alcaldes y alcaldesas deberán tener la voluntad política de sumarse comprometidamente a esta lucha por la paz y seguridad en nuestro país.
Entidades federativas y municipios deberán asumir que es fundamental realizar un análisis por cada municipio con el fin de identificar las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad. Esto con el fin de establecer la estrategia adecuada para atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito.
También es necesario entender la geografía del delito y además fortalecer la capacidad municipal en materia de seguridad. Lo que significa que no solo se tiene que invertir en proyectos de seguridad, sino en un plan que implique fortalecimiento de la estructura educativa, más escuelas y de fácil acceso en todos los niveles educativos, para lograr una mayor cobertura.
Invertir además en proyectos de infraestructura, es decir, que el gasto público se oriente hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico, cultural y humano. Esto como parte del fortalecimiento del tejido industrial y empresarial que se requiere para fomentar la generación de fuentes de empleo, acompañada de una agresiva política de fomento económico.
En el otro eje de la estrategia, es indispensable profesionalizar y depurar los cuerpos de seguridad pública. Para ello es necesario aplicar a todo el personal de seguridad exámenes de control y confianza y rechazar tajantemente a quien no los acredite.
Pero a su vez, establecer incentivos tales como incrementar y homologar los salarios de las policías, así como impulsar que en los municipios se les otorgue seguridad social a los elementos de las policías municipales. Además de impulsar la mejora de la policía municipal, a través de capacitación y entrenamiento cotidiano.
Por otro lado, cerrar la pinza de la estrategia impidiendo el financiamiento del crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, están prohibidos casinos, peleas de animales, venta de alcohol, tragamonedas en tiendas, table dance y giros negros, etcétera, que eran unas de sus fuentes.
Para lograrlo ha sido necesario fortalecer el marco jurídico para tipificar como delitos, entre otros, la contratación de personas en las áreas de seguridad pública que no aprueben los exámenes de control de confianza; la operación de establecimientos como yonkes, casinos y table dance; narcomenudeo; la circulación de vehículos con placas sobrepuestas; las peleas entre animales; la prestación de servicios privados de seguridad sin permisos; la desaparición forzada de personas; la facilitación delictiva (halconeo); la utilización de insignias o vehículos oficiales con fines ilícitos; la venta de alcohol sin permiso y fuera de los horarios permitidos; además de tipificar el feminicidio y perseguirlo.
Reitero, hoy más que nunca las y los gobernadores y alcaldes deben tener la voluntad política y la determinación para combatir el crimen y la inseguridad con mucha claridad, para que esta lucha rinda frutos en beneficio del pueblo, y, además, quedar libres de sospecha.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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