Las altas tasas de feminicidio, la violencia sexual y las pocas condenas por esos delitos, al igual que la falta de protección y ayuda a las víctimas son una de las mayores preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que analizó la situación de esas garantías en el país.
Quito, Ecuador.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó gran preocupación por la alta incidencia del feminicidio y la violencia sexual contra las mujeres y niñas, el reducido número de condenas por estos delitos, y la insuficiencia de los servicios de protección, apoyo e indemnización a las víctimas en Ecuador.
En la presentación este jueves de su más reciente informe periódico sobre la situación de las garantías fundamentales en el país sudamericano, el grupo de expertos mencionó la aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; sin embargo; destacó los informes que indican que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es un fenómeno frecuente en las escuelas y los hogares.
También se refirió a la falta de información sobre las medidas para fomentar las acciones previstas en la ley, añadiendo que esa falencia afecta sobre todo a niñas afrodescendientes, indígenas y habitantes en zonas rurales y remotas.
“Nos preocupa la insuficiencia de indemnizaciones, previstas en la ley, pero insuficientes para los huérfanos”, apuntó Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité encargado de presentar el informe sobre Ecuador ante la prensa en Ginebra.
Ecuador “debe intensificar sus esfuerzos para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, garantizar que todos los casos de violencia contra las mujeres se investiguen a fondo y que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y a una reparación completa”, subrayó el experto.
El Comité llamó a las autoridades ecuatorianas a prestar especial atención a las mujeres degrupos minoritarios y marginados.
Aborto y derechos reproductivos
En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos reproductivos, los expertos tomaron nota de las medidas adoptadas por el Estado para mejorar el acceso a los servicios de salud y de información sexual y reproductiva, y para combatir y prevenir el embarazo adolescente, incluido el embarazo producto de violencia sexual.
No obstante estos avances, el Comité subrayó que el aborto sigue tipificado como delito, salvo en casos de violación o amenaza para la vida o la salud de la madre, y resaltó los obstáculos que enfrentan las mujeres en la práctica para acceder a la interrupción legal del embarazo, que incluyen la invocación de la objeción de conciencia por equipos médicos.
En este apartado, los expertos instaron a Ecuador a “garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto, incluso en zonas rurales y remotas, cuando llevar el embarazo a término causaría dolores o sufrimientos considerables a la mujer o la niña embarazada, especialmente si el embarazo es consecuencia de incesto, o si no es viable”.
Además, llamaron al país a asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no impida el acceso efectivo y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas a servicios de aborto confidenciales, legales y seguros y a la atención posterior al aborto.
Seis años de estado de excepción
Otra de las grandes preocupaciones del Comité de Derechos Humanos en el caso de Ecuador es el estado de excepción en Ecuador.
“El país ha estado seis meses en estado de excepción con informaciones de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y tortura, sobre todo durante 2024”, recordó Gómez Martínez.
La justificación que ha dado el gobierno ecuatoriano a esa medida han sido los disturbios internos “anticonstitucionales”.
De enero a junio de este año se produjeron 35 mil detenciones, dijo Gómez Martínez y agregó que si bien la mayor parte de los afectados fueron liberados en pocos días, se trata de un número “demasiado alto de detenciones”.
En este sentido, el Comité recomendó al país, restringir la recurrencia al estado de excepción y tomar medidas proporcionadas cuando se declare esa situación.
Sobrepoblación en las prisiones
Los expertos abordaron también el tema de los presidios: “nuestras preocupaciones son la sobrepoblación en las cárceles, la alta tasa de prisión preventiva, y las difíciles condiciones de las cárceles y su empeoramiento desde la militarización del sistema penitenciario en 2024”, acotó Gómez Martínez.
Precisó que entre 2028 y 2023 se produjeron 600 muertes violentas, entre las que se contaron dos directores de centros penitenciarios.
“Consecuentemente, el Estado ecuatoriano debe reducir la sobrepoblación en los penales, disminuir el número de detenidos en prisión preventiva y garantizar que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a servicios de salud, alimentos, agua y servicios de rehabilitación”, señaló el experto.
También debe “evitar el uso de la fuerza contra prisioneros, investigar todos los casos de muerte en las prisiones, capacitar en materia de derechos humanos a los funcionarios de los presidios y tomar medidas en los casos de corrupción de funcionarios penitenciarios”, agregó Gómez Martínez.
Corrupción del poder judicial
El Comité de Derechos Humanos se ocupó, asimismo, de los casos de corrupción que afectan al poder judicial en Ecuador, argumentando que las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado en las que se indica que estructuras criminales habrían pagado sobornos a operadores de justicia a cambio de actos y decisiones a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares.
Del mismo modo, lamentó las escasas medidas de prevención y protección tomadas frente a los asesinatos, amenazas, intimidaciones y agresiones contra jueces, fiscales y demás profesionales el ámbito jurídico.
“La corrupción del sistema judicial es una de las situaciones más graves para un país porque pone en peligro el estado de derecho. Si el poder a cargo de luchar contra la corrupción es corrupto estamos en una situación muy delicada. Y esto es precisamente lo que está pasando en Ecuador”, enfatizó Gómez Martínez.
En este sentido, el Comité pidió al Estado que investigue todos los casos de corrupción y que proteja a los jueces y fiscales. (ONU NOTICIAS)
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