Familiares de Francisco, joven de 27 años que murió dentro del anexo “Coahuila una esperanza” se manifestaron afuera de estas instalaciones en la colonia Zaragoza para exigir justicia y la clausura de este lugar que mantiene su operación.
Los manifestantes señalaron que el de Francisco es el tercer caso que sucede a manos de estos llamados “padrinos” por lo que lamentaron que “las familias solamente pagan para que les maten a sus familiares”.
Al buscar una respuesta de los encargados de este centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, optaron por cerrar sus puertas negando atender a los medios de comunicación o emitir alguna explicación a los familiares ahí reunidos.
José Ángel Orozco Rodríguez, hermano de la víctima, contó que su hermano, al ser adicto a la marihuana, había reingresado la tarde del martes a este anexo luego de haber permanecido por un periodo de seis meses sin ningún problema.
“Mi hermano vino por su propio pie a internarse nuevamente y a la hora nos hablan que se puso mal y tenía marcas de violencia en el cuello por lo que fue llevado a la Cruz Roja donde lo declararon muerto”, comentó.
Comentó que en este anexo las familias de los pacientes pagan 700 pesos por semana y tienen que firmar un contrato que establece una permanencia mínima de seis meses, si esta cláusula no es acatada, se establece una penalización de 10 mil pesos.
“Queremos justicia… no traigan a sus hijos a este centro y busquen otra solución porque aquí es sólo maltratarlos, te cobran únicamente para matar a la gente”, dijo.
El joven informó que este anexo tiene dos años operando en esta colonia cambiando constantemente de domicilio, situación que les permite seguir evadiendo la ley.
Los familiares, acompañados por amigos, se congregaron en medio del bulevar Solidaridad para pedir cuentas en este anexo donde los evadieron y les cerraron las puertas. (DAVID GONZÁLEZ/INFONOR)
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