“Ni un sólo peso federal ha tenido Coahuila para los temas judiciales”, lamentó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Miguel Mery Ayup, quien dijo que es del Estado de donde se obtienen los 55 millones anuales que requiere el Poder Judicial para operar.
Señaló que la fecha límite para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el 2027 pero la entidad estará preparada desde el 2025.
Para lograrlo, cada estado deberá implementar su propia estrategia y será a través de los Congresos estatales como se obtengan los recursos necesarios para su implementación ya que la Federación no erogará presupuesto alguno para ello.
Enfatizó en la necesidad de que los poderes judiciales cuenten con una asignación directa de recursos, como el ramo 33, con lo que puedan crecer en infraestructura y personal para la operación de este modelo.
“El manejo anual de la justicia laboral implica 55 millones en lo que corresponde al Poder Judicial, pero quien otorga ese recurso es el gobernador Manolo Jiménez Salinas y para salvar la justicia laboral del 2024, quien nos va dar el recurso otra vez es el estado”, señaló.
Mery Ayup recordó que este modelo de administración requerirá una erogación de recursos importante ya que requiere del desarrollo de nueva infraestructura en las áreas civil, mercantil, familiar y laboral.
Ejemplo de ello son las salas de audiencia con las que se contará en materia Civil para lo que se requerirán recursos ya que, recordó el magistrado, será necesario rehacer la del distrito de Monclova aunado a la capacitación del personal requerida. (DAVID GONZÁLEZ/INFONOR)
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