La Iglesia, fiel a su mandato de actuar en busca del bien común, suplió la ausencia de las autoridades del Estado mexicano y logró un histórico acuerdo
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el pasado tres de marzo, hizo público el documento Mensaje a la Nación Mexicana, donde da a conocer sus preocupaciones sobre la elección del 2 de junio.
Los obispos advierten que la elección tiene riesgos “que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal” y que “el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento”.
Y afirman que “la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”.
La CEM dice que la Sedea, la Semar y la GN deben garantizar “la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten, por motivos electorales, las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos (…)”.
Sobre la elección, los obispos dicen que “esta experiencia de renovación democrática con libertad y con responsabilidad; respetándonos unos y otros, desde nuestra legítima pluralidad cultural con la que se enriquece nuestra sociedad, tal como se manifiesta en la vitalidad de la sociedad civil organizada con todos sus matices y en los organismos intermedios de distintos sectores”.
Y que “México necesita campañas electorales limpias, legales y austeras; con abundancia de propuestas responsables y serias; dejando de lado las descalificaciones de los contrincantes para dar lugar a la búsqueda de soluciones auténticas para nuestros problemas, tomando en cuenta la seriedad de los mismos. También nos conviene, a todos, la libertad de expresión en el legítimo ejercicio de los comunicadores y los ciudadanos, sin que por ello se ponga en riesgo la vida o seguridad de las personas”.
Sobre el INE, el TEPJF y la FISEL señalo que deben “actuar con apego a la imparcialidad y la justicia, con ética y competencia profesional, para garantizar que el proceso se desarrolle con plena legalidad y con oportuna corrección de las anomalías que pudieran presentarse”.
Coincido con los planteamientos de los obispos y pienso que la sociedad toda, creyentes y no creyentes, debemos reflexionar sobre las declaraciones del obispado mexicano, quienes abordan de manera directa el problema del crimen organizado y las elecciones, ahora claramente presente en la realidad del país.
El pasado lunes once de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano consiguió que las candidatas y el candidato a la presidencia de la república firmaran el documento Compromisos por la Paz. La Iglesia, fiel a su mandato de actuar en busca del bien común, suplió la ausencia de las autoridades del Estado mexicano y logró un histórico acuerdo.
La amenaza del crimen a la democracia es real. Estamos en un momento crucial y definitorio para el México que hemos conocido, de no tomar conciencia y actuar podemos terminar viviendo en un estado fallido.
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