Ahora que, aunque no oficialmente, ya iniciaron las campañas políticas con rumbo a la elección presidencial del 2024, vale la pena recordar que una campaña electoral es un proceso de persuasión intenso en el que a través de temas y mensajes cada partido político intenta demostrar que no solo cuenta con el mejor candidato o candidata, sino con el mejor proyecto de gobierno.
Para Dominique Walton la comunicación política “es el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de sondeos.” (Walton, La comunicación política: construcción de un modelo 1995)
Lo que significa que todos los ciudadanos gozamos del derecho de analizar, opinar y expresar nuestros puntos de vista y posturas ante el acontecer de la vida colectiva.
Ante la avalancha de información y mensajes de los que seremos víctimas estos meses y con el afán de que estemos en una mejor disponibilidad de revisarlos y analizarlos, deseo en esta ocasión compartir algo de las enseñanzas que me dejó mi tutor académico Daniel Acosta Esparza.
El maestro me enseñó que la administración pública se define fundamentalmente por su carácter práctico; esto es, el conocer es hacer, o expresado en otros términos: el axioma del administrador público se sintetiza en la ecuación «objetivos = resultados», lo que implica:
1) La vinculación inseparable del conocimiento científico y posición política.
2) La necesidad de que lo científico fundamente lo político.
3) El proyecto político de democratizar la administración pública a la par democratizar el sistema político, de tal forma que, la democracia política se convierta en un medio para lograr la igualdad o democracia económica.
Este proyecto político de la administración pública es imposible si no se fundamenta en el conocimiento científico de la realidad social, a través de una crítica sistemática de la racionalidad política, de tal forma que el administrador no degenere en el desempeño de simple “mandarín” de las clases dominantes, sino que se convierta en un agente activo que, con el quehacer de su oficio, abra los espacios políticos a la democratización de los procesos públicos.
La crítica de la racionalidad política a la que se hace referencia implica la aplicación de una investigación en las fases siguientes:
1.- Crítica a los objetivos.
Ésta se da respecto al contenido de los mismos, y los valores e intereses que lo sustentan, así como en la viabilidad histórica de los objetivos propuestos, a partir del conocimiento científico de las condiciones históricas en que se plantean y en las que se proponen materializarse.
2.- Crítica del costo técnico económico.
Esto es, la captación científica de las situaciones vinculadas con el logro del objetivo en función de la selección del conjunto de medios desplegados en su consecución, lo que da como resultado una crítica de la adecuación de los medios a los fines en su aspecto técnico-económico.
3.- Crítica del costo político social.
Éste se vincula con las consecuencias y resultados colaterales de la aplicación de cierto tipo de medios respecto a su impacto político social.
4.- Crítica del costo ideológico.
Las consecuencias de seleccionar un objetivo en contraposición a otros implican ponderar los valores e intereses que lo sustentan prioritaria y preferentemente respecto a los que se rechazan, lo que implica que las consecuencias de esta selección contienen el costo ideológico de la acción del Estado y de la administración pública.
5.- Crítica a la coherencia interna.
Puede visualizarse en dos momentos: la crítica a la relación medios-fines, en tanto que los primeros no son neutrales técnicamente, sino que su contenido político queda definido por los fines a los que se orientan; por lo que este primer grado de coherencia presupone una prefiguración de los fines en los medios. La segunda crítica se relaciona con la coherencia entre los valores e ideales y afirma el Estado como sustento, los objetivos que se propone y los resultados reales que obtiene como gobierno y administración pública.
Es precisamente en este proceso de crítica a la racionalidad política donde el administrador público debe abrir los espacios políticos a la participación democrática, de tal modo que ésta se convierta en un medio para lograr la igualdad o la democracia económica.
Es bajo esta óptica que debemos evaluar el desempeño del actual gobierno y su aparato burocrático. Y, a su vez, valorar la viabilidad y posibilidades de éxito de los programas de gobierno que nos proponen las diferentes fuerzas políticas y sus candidatos en busca de nuestro voto. Siempre considerando que nosotros somos los responsables de los gobiernos que elegimos.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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