Suman ya ocho los gobiernos estatales los que se oponen a la distribución de los libros de texto gratuitos con sus múltiples erratas y orientación ideológica. En el caso de Chihuahua, las autoridades obtuvieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la controversia constitucional que promueven.
A Chihuahua, que también obtuvo la suspensión provisional de un juez federal contra la entrega de los polémicos libros, le siguió Coahuila, cuyos integrantes de la Consejería Jurídica presentarían ayer la controversia constitucional ante la Corte en la Ciudad de México. En procesos similares se encuentran Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán. Ante ese revés, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, no le quedó otra que declarar que respetará la decisión de las autoridades judiciales. Sin embargo, muy a su estilo, no reconoce error alguno en los LTG, y de manera obstinada sostiene que los opositores a dichos libros para educación básica son sus enemigos y son manejados por “los conservadores”.
A ese rechazo se suman organismos como la Unión Nacional de Padres de Familia, si bien luego surgen voces morenistas asegurando que dicha unión no los representa. Y llama mucho la atención la postura asumida este martes por la diputada federal de Morena, Adela Ramos Juárez, profesora de educación básica, quien demanda la revisión y corrección de los libros de texto, antes de su distribución. “El problema va más allá de simples errores ortográficos y gramaticales; hay intenciones dogmáticas y filosóficas detrás, que están impulsando cambios políticos y excesos que perjudican los derechos de los niños.” Si ella lo dice.
De acuerdo con la legisladora federal, la educación debe fomentar el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales de los niños, alentando el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. Además, la educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria, ha subrayado la rebelde diputada, quien califica de “postura irreflexiva” la asumida por las autoridades educativas y del gobierno federal, ante el rechazo y críticas de docentes, padres de familia y especialistas en educación.
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