Juego de espejos
La semana pasada, el gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega, ‘liberó’ a más de un par de centenares de opositores a su gobierno. Los montó en un avión y los mandó a Washington, a los Estados Unidos, en lo que se supone es un guiño de parte del tirano para abrir la puerta para construir ciertos acuerdos entre las dos naciones, entre ellos el asunto de la violación de los derechos humanos, aunque pocos creen que haya esa sinceridad y apertura de Ortega.
La supuesta liberación no es otra cosa que un exilio, fueron expulsados de Nicaragua, y les fue retirada su nacionalidad. Los convirtieron en apátridas. Fueron declarados ‘traidores a la patria’ e inhabilitados de por vida para ejercer la función pública.
Entre los deportados hay dirigentes políticos y por supuesto periodistas ‘adversarios’ de Ortega, pero también hay empresarios, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Entre ellos se encontraba Cristiana Chamorro Barrrios, quien además de periodista figuraba como una de las principales candidatas con posibilidad de triunfo, en las elecciones presidenciales de 2021, quien en su momento fue apresada instantes antes de ofrecer una conferencia de prensa en la que habría de denunciar el acoso y todas las irregularidades cometidas por el gobierno de Ortega.
En total, según el dictador, eran 224 personas las que iban a ser subidas al avión, pero dos de ellas —sin decir quiénes eran— se negaron a subir al avión. Uno de ellos es el obispo Rolando Álvarez, detenido y sometido a un juicio político acusado de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, y quien cumplía un arresto domiciliario.
El religioso recibió un ofrecimiento de parte del dictador: exilio o cárcel. Álvarez se negó a abandonar su país, prefirió la cárcel al exilio, y por ello a partir de la mañana del jueves 9 de febrero fue trasladado a un penal. “Que sean libres, yo pago la condena por ellos”, habría dicho el Obispo cuando era trasladado a la cárcel según fuentes eclesiásticas y consignado por diversos medios de comunicación.
Un botón de muestra del porqué muchos desconfían de que los Ortega —Daniel y su esposa, que está cortada por la misma tijera—, no tengan voluntad ni interés de ofrecer una apertura política real para sentarse a dialogar con Washington, es que justo un día antes de la deportación de los 222 un par de periodistas de La Prensa, el principal diario de Nicaragua, fueron sentenciados a 10 años de cárcel por ‘atentar contra la integridad nacional’.
La realidad de lo que sucede en otras latitudes es impresionante e impactante, superando con mucho la ficción, y el peligro es que ese tipo de actitudes, de dictadores —o a aspirantes a aprendices de—, se han ido colando por debajo de la puerta en otros países, y amenaza con seguirse extendiendo como plaga.
Una diputada morenista zacatecana que hace años fue beneficiaria del amiguismo reinante entre la clase política, presentó una iniciativa para multar con más de 4 mil pesos a quien ‘injurie’ al Presidente, a secretarios y a políticos de cierto rango en nuestro país, sin aclarar quién o quiénes se encargarían, y con qué criterios, de clasificar lo que ellos consideraran que era una ‘injuria’, y aunque la ‘invitación’ se supone que era abierta, tenía destinatarios particulares: obvio, los políticos y los periodistas ‘adversarios’ del Presidente, según sus propios criterios clasificatorios.
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, es el nombre de la legisladora que en 2015 fue detenida con un millón de pesos en efectivo sin declarar, en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, donde pretendía abordar un avión privado. En su momento confesó que el dinero era de Ricardo Monreal. La zacatecana fue exonerada, y tiempo después se filtró un audio en el que el actual coordinador de Morena en el Senado le pide de favor al entonces gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, para que la Fiscalía retirara los cargos.
Aunque el Presidente haya dicho que no estaba enterado, ni sabía quién había presentado la iniciativa, que la vetaría porque él no necesita de esas cosas, todos sabemos que en este país no se mueve la hoja de un árbol sin que lo autorice el principal inquilino de Palacio Nacional, como también que no hay diputado aliado de la ‘cuatrote’ que presente una iniciativa motu proprio sin que esté enterado el presidente.
Como decían en mi barrio, ‘hay que andar a las guzas’ porque son intentos de pasos que se quieren dar, y ‘si me viste fue jugando, y si no ya te chingaste’. Como al principio de la administración, cuando pretendieron desaparecer la autonomía a las universidades públicas del país.
Lo de Nicaragua es preocupante. No vaya a ser que luego se tomen ideas –¿le suena o recuerda algo el término de ‘traidores a la patria’’?-, como este intento que está haciendo de desaparecer a los medios de comunicación del país, para que no quede más que una sola voz que retumbe y se escuche desde los patios de Palacio Nacional, y pocos se han dado cuenta de ello. Aguas.
@JulianParraIba
Autor
- Es director del diario digital La Otra Plana y la revista impresa Metrópolis. En cuatro décadas de ejercicio periodístico ha trabajado en diarios como El Norte de Monterrey, La Opinión-Milenio en Torreón, Esto en la Ciudad de México y a.m. en León, Guanajuato entre otros; ha sido conductor en programas de radio y televisión. Es columnista en varios medios impresos y digitales de Coahuila y Durango.
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