OPINIÓN

COMO DECÍA MI ABUELA

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7 septiembre, 2022

«Sin ton…

A veces me cuesta ponerme en marcha o iniciar tareas por las mañanas. Pierdo tiempo valioso en un ir y venir sin sentido porque no logro concentrarme en ¿qué quiero hacer? y ¿qué necesito para hacerlo? En ese aspecto, me parezco un tanto a mi abuela que, en ocasiones, se veía a sí misma, cómo ella misma decía, haciendo las cosas «sin ton, ni son». Supongo que eso y sus dichos, son la herencia que me tocó.

Así «sin ton, ni son» es como se conduce la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra cuando, por medio de la Acción de Inconstitucionalidad contra la legislación «3 de 3» de Yucatán, activa los mecanismos legales en contra los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Pareciera que su quehacer no es salvaguardar los Derechos Humanos de los mexicanos, sino violentarlos en favor de un grupo de políticos delincuentes. Es por esto que, desde el espacio público y privado, se alzan voces de extrañamiento hacia esa Comisión y su presidenta, exhortándole amablemente, o no tanto, a dejar de oponerse al legítimo interés superior de la niñez.

La mañana de este miércoles, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento sobre esta Acción de Inconstitucionalidad (AI). Del contenido se advierten varias cosas que me gustaría puntualizar:

Primero: con gran acierto, declaran su total rechazo a la AI 098/2022. Lo anterior no es para menos, toda vez que ambas comisiones de la Cámara de Diputados, tanto de Derechos Humanos cómo de Derechos de la Niñez y Adolescencia, están obligadas a representar las voces de aquellos a quienes se les está vulnerando sus derechos y con ello, se pone en riesgo su vida. Resulta sumamente necesario que las autoridades se cuestionen si los políticos delincuentes que incumplen las leyes, pueden también, garantizarlas. Señalar está incongruencia es fácil, aunque parece que no lo es tanto para quienes tienen «cabezas duras como Piedra».

Segundo; el reconocimiento del incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una forma de violencia económica que muchos padres ausentes y desobligados ejercen sobre niñas, niños, adolescentes y sus madres. Parece difícil de concebir, que una autoridad como la CNDH, diseñada para ser el último bastión de los ciudadanos cuando sus Derechos Humanos son aplastados por el poder público, desconozca los alcances de la violencia de género y violencia económica en nuestro país, de la que cabe citar que, sólo una de cada 10 madres que acciona el sistema legal para promover una pensión alimenticia para sus hijos, logra un fallo definitivo y, aun así, dicha pensión no basta para cumplir con la satisfacción de las necesidades de los menores.

Tercero: se entiende que el siguiente paso no es declarar la inconstitucionalidad de la legislación de Yucatán, como pretende la CNDH sino, por el contrario, que los congresos de todas las entidades federativas sigan el ejemplo y legislen en consecuencia, para que ningún deudor alimentario moroso tenga acceso a un cargo público y, con ello, adquirir el poder de seguir violentando a sus hijos y exparejas con total impunidad.

Cuarto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra obligada a resolver tomando en consideración el interés superior de la niñez y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que, de esta manera, se brindará justicia a todos aquellos hogares en los que las prominentes carreras políticas de los padres se sustentan en las dobles o triples jornadas de trabajo no remunerado de las madres cabeza de familia y la precariedad de niñas, niños y adolescentes.

Se agradece a las mencionadas Comisiones de la Cámara de Diputados por su interés y compromiso para con los ciudadanos, evidenciado al pronunciarse en favor de salvaguardar y proteger los derechos de aquéllos quienes son más vulnerables, para que esta AI «sin ton, ni son» emitida por la CNDH quede sin efectos, y de paso señalar el camino para dar un paso adelante en todos los Estados de nuestro país para cerrarles la puerta a los delincuentes que pretenden gobernarnos y abrirla para las y los ciudadanos que sí tienen calidad moral y un modo honesto de vivir.