OPINIÓN

EN EL TINTERO

Por

25 noviembre, 2021

¡Ponte trucha!

Durante décadas, el Poder Judicial en Coahuila destacó por ser opaco e indiferente a las necesidades de la población en materia de justicia; sin embargo, con la llegada de Miguel Mery Ayup como presidente del Tribunal Superior, se está dando un impulso importante a diversos programas que prometen atacar de fondo algunas problemáticas de los coahuilenses.

El programa “Ponte trucha” que presentó el pasado mes de agosto, va tras los prestamistas y usureros que, abusando de las necesidades económicas de algunos ciudadanos, cometen abusos mediante prácticas ilícitas.

Negocios de zapatos, prestamistas, y despachos de abogados, son quienes en su mayoría incurren en alteraciones de pagarés o incluso obligan a las personas a firmarlos en blanco para cobrar una deuda mucho mayor a la que se adquirió originalmente.

En esta ocasión, hablaremos de una variante de esta problemática que involucra directamente a los abogados y algunos despachos, pues el Poder Judicial se ha topado en algunas ocasiones con la resistencia y entorpecimiento de la Fiscalía General del estado para aceptar denuncias sobre estos casos.

“Es muy difícil, luego la Fiscalía no acepta las demandas, porque los mismos abogados utilizan sus argucias”, revela una fuente a En el Tintero, sobre los resultados de esta campaña.

Es por eso, que el Poder Judicial deberá encontrar los mecanismos para que se aplique la justicia por igual y se impida el compadrazgo que da la protección a unos cuantos litigantes, quienes mediante documentos engañosos quieren despistar a las personas haciéndoles creer que su caso ya es parte de un juicio, y en cualquier momento podrán ser embargados, cuando solo se trata de un proceso extrajudicial.

Y es que algunos despachos que adquieren carteras de deudores utilizan sellos simulando un proceso judicial que no existe, lo cual es un delito, por el que deben de ser denunciados, por la simulación de documentos oficiales.

Uno de los despachos que ha incurrido en esta práctica es uno que no se identifica con nombre, pero envía notificaciones incluso a domicilios en los que ni siquiera vive el deudor, amenazando a las familias que habitan actualmente en estos lugares con embargarles sus bienes.

Abusando de la ignorancia de la gente, estos abogados que según un documento en poder de En el tintero están ubicados en Manuel Pérez Treviño 136-A, en la Zona Centro entre las calles de Hidalgo y Bravo, entregan documentos con un sello que genera confusión y que de acuerdo con la autoridad es una práctica ilícita.

Con la leyenda “Juicios Mercantiles Saltillo Jurídico” y la firma de supuestos abogados que ni si quiera se tiene garantía que cuenten con cédula profesional, este despacho amenaza a una familia que habita en un domicilio en Saltillo desde 2011. De acuerdo con los datos el deudor que buscan, dicha persona habitó en ese domicilio como arrendatario muchos años atrás de esa fecha (2011), y según el despacho dejó de pagar su deuda en 2008.

Pese a la explicación y documentos probatorios de los actuales inquilinos, quienes ni siquiera conocen al deudor, el despacho insiste en cobrarles a ellos la deuda y los amenaza con el embargo, aunado a que les colocan sellos naranjas en su vivienda exhibiéndolos por una deuda que no les pertenece.

El documento, además es extrajudicial, pues para que haya un embargo se necesita que inicie una demanda mercantil, que un actuario notifique y garantice que ahí habita el deudor, y un juez resuelva el embargo, que en este caso evidentemente no procederá, ya que no habita el deudor. Sin embargo, ante el desconocimiento de la gente y aprovechando de su posición de abogados, con sellos ilegales simulan la existencia de un juicio.

Según el Poder Judicial, actualmente hay tres abogados procesados por estas prácticas, pero también aquí hay que ponerse truchas, porque hay litigantes que aseguran que nadie puede tocarlos, porque simplemente en la Fiscalía no aceptan sus casos. Es aquí donde las autoridades deben revisar posibles irregularidades, en qué punto podrían quedar atoradas las demandas y por qué, investigar y sancionar a posibles funcionarios públicos involucrados, además de ir tras los abogados que usan esos sellos en casos que se investiguen de oficio.

Autor

Jessica Rosales: Reportera desde enero de 2000. Fundadora de la Agencia de Noticias Digital UNIMEDIOS. Actualmente titular del noticiero Capital Noticias 91.3FM en Saltillo y Coordinadora de Contenidos de Capital Media Coahuila. Escribo la columna “En el tintero” que difunde El Heraldo de Saltillo, La Otra Plana y Capital Coahuila.