El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, volvió a poner el dedo en la llaga: Coahuila ha dejado de recibir alrededor de 17 mil millones de pesos en los tres años del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Aunque en ocasiones asumiendo una entendible postura de estira y afloja respecto a su relación con el gobierno de la 4T, el mandatario coahuilense ha sido congruente con una de las principales banderas de campaña: a Coahuila lo que le corresponde.
Hay voces cercanas al gobernador y otras que no lo son tanto que le aconsejan y sugieren que no se pelee con López Obrador, que no polemice ni asuma una postura beligerante ni de exigencia, sino que por el contrario, se torne “morenista”, habida cuenta de que el PRI carece de un futuro promisorio.
Miguel Ángel Riquelme, sin embargo, no ha dejado de reclamar lo que le corresponde a la entidad, y mal haría si no, considerando que el gobierno federal ha recortado, disminuido, “congelado” y desaparecido participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, fondos, fideicomisos, y para 2022 se prevén mayores reducciones. De 40 mil millones de pesos que Coahuila debe recibir anualmente del gobierno federal en diferentes rubros, en los últimos tres años esa cifra ha sufrido una disminución del 15 por ciento. En contraparte, el Estado ha tenido que asumir erogaciones extraordinarias como el caso de la pandemia por el coronavirus por el orden de los mil 500 millones de pesos.
La iniciativa privada también se queja de que la Federación no ha aportado un peso para el rubro de mantenimiento y conservación de carreteras y no se prevé que lo haga en 2022, a menos que los diputados federales coahuilenses logren modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio.
A pesar de lo complicado de la situación financiera, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) reconoce que el gobierno coahuilense mantiene una eficiente disciplina financiera organizando y reorganizando presupuestos para no suspender proyectos y programas, incrementando su recaudación mediante una mayor base fiscal, lanzando proyectos por asociación pública-privada y realizando importantes inversiones en materia de seguridad pública.
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