Ciudad de México.- En los últimos diez años la Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído las investigaciones de poco más de 300 casos por hechos delictivos que ocurrieron en los estados. Esto con el objetivo de atender con más fuerza y capacidad ilícitos que, por su naturaleza o complejidad, requerían de la intervención de los agentes federales. Sin embargo, la mayor parte de esos casos no se ha resuelto.
Datos oficiales que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de transparencia muestran que entre 2011 y 2021 menos del 5 por ciento de los casos que atraídos por la FGR culminaron con una sentencia condenatoria. Tres de cada cuatro casos ni siquiera han llegado a manos de los jueces.
Entre los pocos casos que se han esclareció con sentencias no figuran ninguna de las desapariciones forzadas o masivas a traídas por la fiscalía. Ni tampoco casos de tortura, tráfico de personas o secuestro.
La información obtenida revela que desde enero de 2012 hasta junio de 2021 la FGR (antes PGR) atrajo en total 304 averiguaciones previas y carpetas de investigación por más de doce tipos de delitos distintos que se habían abierto inicialmente en las fiscalías de los estados.
Se trata de casos en donde la FGR – a partir de las atribuciones con las que cuenta – ordenó a las autoridades locales que le entregaran la indagatoria por considerar que podrían haberse cometido ilícitos de carácter federal o de alta complejidad. También hay casos donde las propias procuradurías locales solicitaron que el caso o al menos una parte de él fuera atraído por la Fiscalía.
Pero como los datos muestran esto no ha garantizado que haya resultados. De los 304 casos atraídos por la FGR solo 14 han llegado a una sentencia condenatoria, lo que representa el 4.6 por ciento del total Estos son los únicos que pueden considerarse esclarecidos.
Dicho de otra forma, en promedio solo 5 de cada 100 indagatorias atraídas por la Fiscalía se ha resuelto con un castigo para los responsables.
Hay 81 indagatorias que la FGR reporta haber judicializado, es decir, en donde las investigaciones avanzaron lo suficiente para ser enviadas ante un juez e iniciar un proceso (posiblemente sin personas detenidas), pero sin que hasta ahora haya concluido al juicio. Es apenas una cuarta parte de los casos que fueron atraídos.
Por lo que respecta al otro 75 por ciento de las carpetas de investigación restantes estas fueron cerradas o archivadas sin que se reunieran pruebas para proceder en contra de presuntos responsables. Hay casos que siguen en curso, pero sin que aun se haya tomado ningún tipo de determinación.
Un punto positivo es que con la transición de la PGR a la FGR la eficacia en la resolución de casos atraído ha mejorado. En el periodo de 2012 a diciembre de 2018 se atrajeron 219 indagatorias, se judicializaron 52 y se obtuvieron apenas cuatro sentencias condenatorias. Es una eficacia de apenas un 1.8 por ciento.
En cambio, en el lapso de diciembre de 2018 a junio de 2021 la FGR reportó 85 carpetas atraídas, con 29 de ellas judicializadas y 10 sentencias. Es un promedio de 11 por ciento en el esclarecimiento de las investigaciones.
Ni desapariciones, ni secuestros
De acuerdo con los datos proporcionados por la FGR, de los 304 casos atraídos en la última década 76 han sido por posibles secuestros o privaciones ilegales de la libertad en los que estarían implicados grupos delictivos de la delincuencia organizada. Se trata, por mucho, del tipo de delito por el cual se atraen más casos.
Después se reportan 29 indagatorias atraídas por posible tráfico de personas (incluyendo menores); 24 casos atraídos por posibles hechos de corrupción; 21 hechos de posible delincuencia organizada; 21 casos de homicidio; 18 casos de desapariciones y desapariciones forzadas; 16 por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
A esto se suman 10 averiguaciones previas y carpetas atraídas por delitos contra la salud (narcomenudeo y narcotráfico); tres por hechos de tortura; no por feminicidio; uno por robo de combustible; entre otros.
De ese total, los 14 casos que se han resuelto con una sentencia son cuatro homicidios, cuatro casos de posesión ilegal de armas, tres casos de corrupción en la modalidad de abuso de autoridad, uno de amenazas, uno de daños, y uno de delitos contra la salud.
Esto significa – según los propios datos de la FGR – que hasta ahora no se han esclarecido ninguno de los desapariciones, secuestros o tortura que se han trasladado al nivel federal.
Los casos atraídos
En la última década se han vuelto común los anuncios de casos que son atraídos por las autoridades federales, ya sea el mismo día en que ocurrieron los hechos o varias semanas después ante la presión por falta de resultados. En promedio, al año, son atraídos del nivel local al federal por lo menos 30 casos.
La última investigación atraída (por lo menos anunciada oficialmente) fue el del homicidio del joven de 23 años de edad José Eduardo Ravelo, quien presuntamente fue víctima de abusos y tortura tras ser detenido por policías municipales de Mérida, Yucatán el 21 de julio pasado.
El anunció de la atracción de este caso se dio casi un mes después por parte de la FGR y ocurrió luego de que la fiscalía local fallara en conseguir que los agentes locales implicados fueran vinculados a proceso por estos hechos.
Un mes antes, en junio, la FGR anunció oficialmente que asumiría las investigaciones por el multihomicidio de 19 personas en Reynosa, Tamaulipas. El gobierno local había urgido a las autoridades federales que atrajeran este caso tras considerar que los asesinatos eran producto de rivalidades entre bandas del crimen organizado.
Otros asesinatos que la Fiscalía federal ha atraído en los últimos años son, por ejemplo, el asesinato de tres estudiantes de cine ocurrido en 2018. El caso, que tuvo un gran impacto en la opinión pública, fue intervenido por la FGR en enero de 2019 luego de que se argumentaran inconsistencias en las investigaciones iniciadas a nivel estatal.
La PGR también ejercitó su facultad de atracción en 2015 para indagar el asesinato de dos jóvenes ocurrido en 2015 en el estado de Tabasco, así como el asesinato de un fiscal federal ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en febrero de 2017.
En octubre de 2016 la entonces PGR también atrajo las investigaciones por el llamado Caso Nochixtlán. Se trató de un operativo policial en esa zona de Oaxaca en el que intervinieron policías locales y federales, y que dejó como saldo la muerte de ocho personas. Se trata de un caso que, hasta ahora, no se ha esclarecido.
En cuanto a desapariciones, uno de los casos más relevantes atraídos por la FGR y en el que hasta ahora no se ha conseguido llegar a una resolución es el de 47 jóvenes cuyo paradero se desconoce, luego de fueran detenidos ilegalmente por integrantes de la Marina entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo.
De hecho, es un atentado criminal que ha sido atraído en dos ocasiones. Primero lo hizo la entonces PGR a través de su delegación estatal en Tamaulipas, la cual fue asumiendo la indagatoria caso por caso. Después lo hizo la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR, la cual lo integró en una sola indagatoria ante la clara relación que había entre los casos. Esto ocurrió luego de que la CNDH emitiera una recomendación ante la inacción de autoridades locales o federales en la resolución de este caso.
Otro caso fue el de la desaparición de cinco jóvenes ocurrido en los primeros días de enero de 2016 en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Las víctimas fueron detenidas por policías estatales y entregadas a un grupo del crimen organizado. Nunca se les volvió a ver con vida. Una semana después de los hechos la entonces PGR atrajo la indagatoria sin mayores resultados.
La Fiscalía federal también ha intervenido en casos de corrupción a veces sin el consentimiento de las autoridades a cargo. Por ejemplo, en 2018 la PGR atrajo parte de las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos federales en el gobierno del priísta Cesar Duarte, en Chihuahua.
Un año después la misma PGR determinó que no había elementos para proceder y cerró el caso, hecho que el gobierno de Javier Corral consideró como una acción de posible encubrimiento. La fiscalía local de Chihuahua, así como el propio gobierno ocal, promovieron un amparo que está bajo análisis de la Corte, en el que reclaman la devolución del caso. (ANIMAL POLÍTICO)
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