Ciudad de México.- Exfuncionarios que hoy están acusados o bajo investigación por corrupción, presunto desvío de recursos y hasta delincuencia organizada, encabezaron en la década pasada una decena de dependencias federales y gobiernos estatales a través de los cuales se fondearon con casi 6 mil millones de pesos a las empresas vinculadas con el uso del malware de espionaje Pegasus en México.
En la lista hay desde un extesorero estatal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos que hoy siguen sin aparecer, hasta un exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una red de sobornos. Y entre ellos un exgobernador a cuya administración se conoció, entre otras cosas, por espiar a activistas y periodistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el miércoles los nombres de las dependencias públicas que transfirieron recursos a esta red de empresas, algunas de las cuales son incluso compañías fachada.
A partir de esa información Animal Político detalla ahora quienes eran las cabezas responsables de estas secretarías e instituciones que directa o indirectamente fondearon al entramado empresarial responsable de la intervención ilegal de comunicaciones de más de 15 mil personas en México.
Los militares espías
De acuerdo con la UIF, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transfirió entre 2014 y 2016 recursos a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, la misma compañía intermediaria que le vendió el software de Pegasus a la entonces Procuraduría General de la República. A su vez, también envió recursos a otras dos empresas implicadas en la misma trama: Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., y KBH Track S.A. de C.V.
Todas estas transferencias ocurrieron en la gestión del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien apenas el año pasado fue detenido en Estados Unidos acusado de brindar apoyo a presuntos integrantes del crimen organizado. Un reclamo diplomático por parte de México, quien no fue notificado de la indagatoria, aceleró su investigación sin que el caso llegara a juicio.
Esta no es la primera vez que la gestión de Cienfuegos es vinculada con prácticas de espionaje, hecho que además se vuelve más grave ya que la Defensa Nacional no es una instancia facultada legalmente para realizar ese tipo de intervenciones de comunicaciones privadas.
En julio de 2015 Animal Político reveló que bajo su gestión el Ejército había negociado con la empresa de ciber espionaje “Hacking Team” la adquisición de una versión especial del software “Galileo” con el que pretendía intervenir las comunicaciones de hasta 600 objetivos. La compra, además de ser potencialmente ilegal, se realizaría con un notable sobreprecio a la empresa intermediaria Neonlinx.
Los correos internos filtrados de “Hacking Team” sobre esta negociación revelaron que los militares también habían participado previamente en la compra de equipos de espionaje al empresario Susumo Azano.
La responsabilidad directa de estas negociaciones estuvo a cargo del general Rogelio Castellanos Franco, quien en el sexenio pasado ocupó un cargo directivo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Por otro lado, la UIF reveló que la Secretaría de Marina también estuvo implicada en pagos a las empresas Grupo Tech Bull SA de CV y Balam Seguridad Privada, por montos superiores a los 140 millones de pesos, entre 2013 y 2014. Se trata del periodo en que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz estaba al frente de dicha institución.
Gobernadores y tesoreros incómodos
De acuerdo con la información presentada por la UIF hubo tres administraciones estatales que transfirieron recursos a esta red de empresas durante la última década. Una de ellas fue la encabezada por Javier Duarte en Veracruz la cual habría pagado en 2014 poco más de 7.6 millones de pesos a la empresa Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale SA de CV, ligada con la red de espionaje.
La transferencia coincide con el periodo en que la tesorería de la Secretaría de Finanzas del estado era ocupada por el exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdala Saad quien, de acuerdo con autoridades federales, era el que decidía y aprobaba cualquier tipo de pago a proveedores.
Indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación identifican a Tarek Abdalá como el principal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales. Aunque fue denunciado en múltiples ocasiones, poco antes de terminar el sexenio pasado obtuvo el perdón de la entonces PGR por haber colaborado en el proceso penal contra el propio Duarte.
Actualmente Abdalá es un prófugo de la justicia. En 2020 un juez del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra por su vínculo con la red de empresas fachada a través de las cuales se desviaron más de tres mil millones de pesos en la entidad.
La gestión de Javier Duarte – quien actualmente se encuentra preso purgando una condena por lavado de dinero – no solo se vio marcada por la corrupción sino también por la violación sistemática a los derechos humanos y el acoso a activista y periodistas. Las denuncias de presunto espionaje a sus opositores fueron frecuentes, aunque nunca se investigaron seriamente.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la administración del gobernador de Chiapas Manuel Velasco (actual senador por el Partido Verde) habría inyectado poco más de 26 millones de pesos a la empresa Balam Seguridad Privada.
Los pagos, según la UIF, fueron autorizados desde la tesorería de la Secretaría de Hacienda estatal en 2014. La persona responsable de dicha oficina en aquel año, según consta en el portal Declaranet, era Humberto Pedrero Moreno, quien actualmente se desempeña en la Dirección de Administración del IMSS con Zoé Robledo al frente.
En 2018 Pedrero renunció a la Secretaría de Hacienda local para competir por una diputación federal por el distrito 02 de Bochil, Chiapas. Aunque originalmente resultó electo su victoria fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a que presuntamente habría proporcionado información falsa para hacerse pasar como indígena. Tras una apelación consiguió que dicha decisión se revirtiera.
La gestión de Manuel Velasco en Chiapas también ha enfrentado señalamientos de corrupción. Aunque no hay indagatorias formales en su contra, investigaciones periodísticas han corroborado malos manejos de recursos. Por ejemplo, Animal Político documentó el posible desvío de 685 millones en pagos a empresas fantasma durante su administración.
El tercer gobierno estatal implicado en la entrega de recursos a la red de espionaje es el del estado de México. Según la UIF, en 2013 la administración de Eruviel Ávila transfirió poco más de 900 mil pesos a Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.
De acuerdo con datos de la ASF, la gestión Ávila es una de las que concentra la cantidad más alta de posibles malos manejos de fondos federales. Hasta la fecha sigue sin esclarecerse el destino de 15 mil 816 millones de pesos transferidos desde Hacienda a su administración.
Los pagos millonarios de Hacienda
Desde la Tesorería de la Federación adscrita a la Secretaría de Hacienda también se transfirieron millonarios recursos a compañías de esta red. Según la UIF, los pagos ascendieron a más de 2 mil 206 millones de pesos en diversas transacciones a las compañías Artículos Textiles Equipo y Accesorios S.A. de C.V., Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos S.A. de C.V., y KBH Track S.A. de C.V.
Los pagos directos desde Hacienda se llevaron a cabo en el lapso de 2015 a 2018, es decir, durante la gestión de tres secretarios del ramo: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En el caso de Videgaray, este nuevo señalamiento se suma a diversas investigaciones que ya pesan sobre él por presuntos casos de corrupción. La FGR lo indaga – e incluso ya lo acusó así ante un juez – de encabezar una asociación criminal que tuvo como finalidad canalizar dinero de la constructora Odebrecht tanto para el financiamiento de campañas electorales, así como para el soborno a diversos legisladores.
El año pasado la Fiscalía ya hizo un primer intento de obtener una orden de aprehensión en su contra, pero el juez federal que revisó el caso consideró que la indagatoria aún necesitaba ser complementada antes de iniciar un proceso.
Espionaje desde las áreas de seguridad
Las dependencias federales relacionadas con funciones de seguridad, inteligencia e investigación también han canalizado cantidades importantes de recursos a las empresas ligadas con la red de espionaje, según los datos presentados por la UIF.
En 2012, por ejemplo, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal transfirió poco más de 26 millones de pesos a Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, durante la gestión de Genaro García Luna al frente de dicha dependencia.
Sobre García Luna pesan múltiples investigaciones por posible delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero, intervención ilegal de comunicaciones, violaciones a derechos humanos entre otros. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos enfrentando un proceso judicial por cargos de narcotráfico, entre otros.
Entre 2013 y 2018 la UIF también identificó pagos a estas empresas desde la Policía Federal y desde el órgano responsable del manejo de los penales federales. Se trata de áreas que en el sexenio de Peña Nieto estaban adscritas a la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario que se encontraba al frente de Segob cuando esto ocurrió es Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI. En una entrevista con Milenio, el legislador rechazó haber tenido conocimiento de la adquisición del malware “Pegasus”, y dijo que las intervenciones de comunicaciones las hacía el entonces CISEN con otro tipo de programas, y siempre con autorización judicial.
A estos casos se suma el de la PGR que ya se conocía previamente, y donde se confirma que el pago inicial por la adquisición del referido software malicioso fue de 32 millones de dólares. Todo ello durante la gestión del exprocurador Jesús Murillo Karam y del entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón.
La FGR confirmó en un comunicado emitido esta semana que Zerón está bajo investigación por el caso “Pegasus”. Actualmente el exfuncionario se encuentra en calidad de prófugo pues sobre él hay dos órdenes de aprehensión por posible tortura y hechos de corrupción.
Sin embargo, la UIF reveló el miércoles que los pagos a empresas como Tech Bull y Balam Seguridad Privada continuaron desde la PGR aún después de la salida de Murillo Karam, durante el resto del sexenio. Es decir, el fondeo a las empresas implicadas siguió durante las gestiones de los exprocuradores Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán. (ANIMAL POLÍTICO)
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