Ya pasada la euforia poselectoral, vale la pena reflexionar en alguno de los retos de la próxima legislatura que iniciará sus trabajos el próximo mes de septiembre. Como son muchos aquí les comento algunos de ellos.
A fuerza de ser verdad, se convirtió en lugar común señalar que la Constitución de 1917 fue la primera en reconocer derechos sociales, particularmente el derecho a la educación, al trabajo, la seguridad social y a la tierra.
El contenido social de la Constitución de 1917 se centraba en los artículos 3o (referido a la educación), 27 (referido al tema de la propiedad y recursos naturales) y 123 (referido al trabajo y la seguridad social).
Pensar y analizar los derechos sociales que la constitución mexicana consagró desde hace más de cien años, les ayudará a nuestros nuevos legisladores a entender y hacer un reconocimiento a dicho proceso, no sólo como un proceso jurídico sino también político, económico y cultural. Lo que plantea retos metodológicos que obligan a buscar y combinar un enfoque multidisciplinario.
Ahora deberán pensar y actuar para formular las nuevas reformas sociales que conduzcan a México a una nueva vida moderna y democrática.
La nueva visión del contenido social deberá de alejarse de la actualmente distorsionada por las ambiciones electorales. Los programas sociales deberán dejar de ser o parecer una forma de coacción del voto. El gobierno deberá de prescindir del uso electoral de políticas asistencialistas.
Se deberá legislar para evitar que el gobierno utilice el contenido social de la Constitución para construir su legitimidad electoral, y para que los derechos sociales sirvan mejor para igualar y atemperar las condiciones de los menos favorecidos.
Repensar los derechos sociales desde esta realidad es algo imperioso. Vivimos en tiempos modernos, pensar en una agenda social, de derechos sociales, implica en incluir soluciones modernas que transformen nuestro país y nos conviertan en una sociedad con mayores niveles de bienestar, mayor cohesión social y mayor sostenibilidad ambiental.
Sólo por citar un tema, y partiendo de que una gran política social es la generación de empleos, se deberá legislar para modernizar el marco jurídico que permita desarrollar un Estado dinámico que se convierta en un agente que camine al lado del desarrollo de la economía, un Estado pro activo ante los retos del futuro. Siempre partiendo de la premisa de que el funcionamiento eficiente y productivo de la economía garantiza un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo, condición necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar y cohesión social.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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