En las dos semanas que han transcurrido desde que el presidente López Obrador anunció que propondrá tres reformas constitucionales, se ha generado un gran debate entre analistas y políticos a nivel nacional, cuestionando cada una de ellas que tienen que ver con sectorizar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa; fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad; reducir el número de legisladores plurinominales, y dar “auténtica autonomía al INE”.
En la que tiene que ver con la Guardia Nacional, hay quienes apuntan que implicaría reconocer jurídicamente lo que ya se da en los hechos, pues a nadie queda duda que esta corporación es fundamentalmente un cuerpo militarizado.
Se señala, además, que, con diferentes matices y enfoques, pero finalmente tanto en el gobierno de Felipe Calderón, como en el de Enrique Peña Nieto, y actualmente en el de López Obrador, la seguridad ha estado en manos de los militares.
Igualmente hay quienes apuntan, y documentan, que las estrategias, en cualquiera de los tres sexenios, han fracasado. ¿Por qué seguir apostando a lo mismo, e incluso reducir aún más los ya de por si acotados espacios civiles en el manejo de la seguridad pública?
Una reforma para formalizar que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena, contradice de plano el proceso legislativo que dio origen a este cuerpo, en donde quedó asentada la obligación de crear una institución de carácter civil, sin embargo, nunca se estableció una ruta ni ha quedado claro el límite, ¿Dónde termina el Ejército y comienza la Guardia?
A nivel internacional hay un rechazo a dejar la seguridad ciudadana en manos militares, porque eso cierra la posibilidad de supervisión civil e independiente, genera opacidad y abre espacios de impunidad frente a abusos en que se pueda incurrir en operaciones.
Pero más allá de ello, hay que señalarlo y reconocerlo: en lo general el modelo ha fracasado, es evidente.
La Universidad Iberoamericana mantiene un proyecto de investigación denominado “Seguridad Ciudadana: La Vía Civil”, y ahí académicos y expertos analizan desde diferentes ángulos el fenómeno de la inseguridad y las acciones que se están tomando en México.
Una de sus publicaciones más recientes cuestiona la estrategia de contención de la violencia armada con un análisis de los datos de armas aseguradas por las fuerzas de seguridad.
“Hoy en día, la violencia armada es más aguda y extensa que en cualquier otro momento de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. Además, nunca se habían desplegado tantos militares y fuerzas federales para contener la problemática. Discursivamente, las estrategias de las fuerzas de seguridad están enfocadas en el aseguramiento masivo de armas, la realidad no es así”, apuntan.
Y destacan: “Desde 2015, el esfuerzo combinado del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR), la Policía Federal y la Guardia Nacional no ha logrado reducir la presencia de armas ilegales. En 2020 se incautaron no más de 9 mil armas, mientras que en 2011 se aseguraron 38 mil 547”.
“El reducido tamaño de los aseguramientos de armas por las fuerzas armadas sugiere, tal como lo aseguran las autoridades, que su labor se ha enfocado en mantener una presencia en zonas con altos índices de violencia y delincuencia, en vez de emprender una estrategia focalizada y basada en la inteligencia sobre las rutas del tráfico de las armas”.
“La reducción en la cantidad de aseguramientos coincide con la reducción general en el nivel de conflicto entre el ejército y presuntos delincuentes en el mismo periodo”.
Los datos y el análisis que hacen los académicos de la Ibero, coinciden con la explicación pragmática que dan otros especialistas cuando se les pide explicar las razones de la escalada de violencia que ha sacudido al país en las semanas recientes: la impunidad, mientras haya impunidad las organizaciones delictivas no se van a contener.
Estamos pues ante un muy grave problema, grupos delictivos en la disputa de territorios, interfiriendo cada día en más actividades e incluso controlando procesos electorales, y un gobernante que parece no advertir ni dimensionar lo que está ocurriendo, y tiene como única prioridad la política, por más lejana que sea a la realidad nacional.
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