Pasados los comicios del seis de junio y conocidos los resultados, la sociedad parece respirar aliviada de que hayan terminado la saturación de propaganda en radio y televisión; las encuestas telefónicas; también se puso fin a las cadenas en redes sociales, y ya no escuchamos a todo momento el intercambio de ataques entre los contendientes. Pero sobre todo hay alivio porque finalmente no hubo la violencia que se temía, y las inconformidades se han canalizado por las vías legales.
Si bien es de celebrarse la culminación del proceso, ya hemos apuntado en otras ocasiones que queda ahora un espacio para que la sociedad se informe, participe y exija, pero también quedan desafíos para las instituciones electorales y los partidos, encaminadas no únicamente al cumplimiento de los compromisos de quienes fueron electos, sino también a analizar, asumir y corregir las deficiencias que se señalaron en esta competencia.
Aunque a nivel local quienes participaron como observadores, la mayoría motivados por asociaciones civiles y organismos empresariales, no han informado de su labor, a nivel nacional sí se presentó ya un informe preliminar por parte de quienes, con la asesoría y el financiamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos realizaron tareas de observación electoral.
Y en este informe preliminar es donde encontramos algunas asignaturas pendientes para los partidos y los actores políticos.
La asociación Borde Político al destacar la amplia participación y victoria de las mujeres, señala que eso se consiguió a pesar de que el proceso estuvo empañado por la violencia «y en particular por la violencia política de género».
Y en efecto, la violencia parece haber sido el signo de estas campañas, pues se contabilizan al menos 39 asesinatos de candidatos y más de 80 atentados graves.
Coahuila felizmente estuvo libre del fenómeno, pero a nivel nacional debe apuntarse que además de los asesinatos y atentados se ha señalado la operación territorial de grupos delictivos para incidir en resultados en estados y municipios, y esto es algo que no se puede soslayar.
Estamos ante algo muy grave, que demanda estrategias de las autoridades electorales, así como de las judiciales en materia penal, para cerrar el paso en el futuro a este tipo de hechos.
Otros hallazgos de los obervadores tienen que ver con la simulación de los partidos para cumplir con las llamadas acciones afirmativas para garantizar la representación de los grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los migrantes.
Así como en el pasado se simuló el abrir espacios para la mujer, lo cual se acotó con reglas estrictas para la cuota de género, ahora los partidos buscaron cómo burlarse de estas disposiciones a favor de otros grupos vulnerables.
Se ha señalado por ejemplo, que el PAN intentó cumplir en la segunda circunscripción con la cuota para migrantes, registrando a una ex diputada originaria de Nava como si perteneciera a este grupo, aunque por generaciones su familia está arraigada en esa región.
Esta es otra de las asignaturas que quedan pendientes, cerrar espacios a la simulación.
Y desde luego el tema de la transparencia es otro, pues como hemos dicho anteriormente, los esfuerzos que se hicieron para crear plataformas en que los candidatos informaran de su patrimonio y de potenciales conflictos de interés, no cumplieron con el cometido cuando los aspirantes a cargos públicos comprobaron que podían mentir en sus declaraciones y nada pasaba.
Estos esfuerzos, impulsados principalmente por agrupaciones ciudadanas, tendrán que buscar en el futuro mecanismos y filtros para que los candidatos no simulen compromiso con la transparencia y se exhiba a los que apuesten por la opacidad o las mentiras.
Quedan muchos retos entonces, y como ciudadanos no podemos desentendernos por completo.
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