Ciudad de México.- Imelda Jiménez, trabajadora de la planta Teksid Hierro de México -empresa líder del Grupo TEKSID, sector metalúrgico del grupo FIAT, dedicada a la producción de monoblocks para la fabricación de motores de camiones y maquinaria pesada de la industria automotriz- fue la encargada en presentar a la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, las dificultades que hay en nuestro país para sindicalizarse y sobre todo que las empresas reconozcan la decisión de la mayoría de los trabajadores.
En la reunión con especialistas laborales, Jiménez comentó ante Harris que la organización sindical que se encontraba en dicha planta pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderada por el mismo dirigente que de General Motors, Tereso Medina, y tras siete años de lucha, no han logrado el reconocimiento de la empresa de su sindicato, ni de su reinstalación como trabajadora.
“Los trabajadores se declararon en huelga en 2014 para protestar por los bajos salarios y la corrupción del sindicato CTM liderado por Tereso Medina”, dijo Jiménez tras señalar que el ingreso era de dos dólares con 50 centavos por hora.
Además, expuso que Medina es quien encabeza la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Coahuila, controla muchos contratos laborales en la industria automotriz, incluida la planta de General Motors donde Estados Unidos recientemente presentó una denuncia bajo el mecanismo de «respuesta rápida» de Estados Unidos-México.
En su narración, informó que después de la huelga, los trabajadores se organizaron con el Sindicato Nacional de Mineros Independiente. “Le tomó al gobierno cuatro años celebrar una elección entre nuestro sindicato y la CTM, y ganamos 238-145”, detalló Jiménez. «Pero la empresa se negó a reconocer la elección y en su lugar despidió a 123 simpatizantes sindicales».
En ese sentido, dijo que esta situación afecta la migración, pues quienes fueron despedidos tuvieron que buscar alternativas de empleo en Estados Unidos, “algunos trabajadores que fueron despedidos tuvieron que ir a los Estados Unidos porque estaban en la lista negra y no podían encontrar empleo en ninguna parte”, destacó.
Destacó que en julio de 2020, un juez ordenó a la empresa que volviera a contratarla considerando los salarios caídos, «pero ignoraron la orden», dijo. “Y el Tribunal Federal del Trabajo ordenó a la empresa que reconociera a nuestro sindicato en noviembre, pero aun así se negaron a negociar con nosotros”, dijo. “Después de siete años de lucha, todavía no hay justicia para los trabajadores”, destacó. (Con Información de El Economista)
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