Llegó tarde el llamado del Senado de la República hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa de los productores mexicanos de papa, pues a las pocas horas del pronunciamiento, los Ministros resolvieron en contra de los amparos que impedían la importación de papa fresca proveniente de los Estados Unidos.
Sin embargo no todo está perdido, pues la Corte fue clara en señalar que «la decisión tomada se limitó a revisar la constitucionalidad de los artículos reglamentarios… pero nada de lo decidido por la Primera Sala, impide u obstaculiza que las autoridades administrativas competentes decidan que además de las medidas previstas en dichos artículos, pueden dictarse las medidas fitosanitarias que consideren necesarias para efectuar la importación, incluso pueden adicionar o modificar las previstas en el Reglamento, pudiendo modificarse o derogarse dicho instrumento».
El camino que en 2014 tomaron los productores mexicanos de papa y las organizaciones que los agrupan, deben recorrerlo de nueva cuenta, y es importante que ahora mismo, de manera oportuna, los legisladores –senadores y diputados– tomen la causa y la empujen ante las autoridades federales, para que se establezcan en el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal las medidas necesarias para impedir el ingreso de productos que pueden traer plagas a nuestro país.
No se trata de proteger a los productores de la competencia, la prioridad es que no lleguen papas frescas de un país en el que sus medidas sanitarias han sido insuficientes para controlar la propagación de plagas, que aquí cuesta muchísimo dinero mantener a raya.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación del Ejecutivo Federal, llevó el litigio que culminó esta semana con la revocación de la protección constitucional a los productores mexicanos.
Esto nos hablaría de que no hay en el gobierno mexicano ánimo de atender los argumentos de este sector, ya sea por las presiones de Estados Unidos o por esa obsesión del Presidente en contra de los empresarios.
En el pronunciamiento que se expuso en el Senado la víspera de que la Corte resolviera, señala que en los 22 estados de México en que se cultiva papa, los más de 8 mil 700 productores involucrados dan empleo directo a 17 mil 500 personas e indirecto a 51 mil 600 más. Las inversiones se cuantifican en mil 950 millones de dólares.
Si estuviéramos hablando exclusivamente de protección económica, de ese tamaño sería el impacto. Pero lo más relevante es el aspecto sanitario.
En el Senado se explicó que dado que la mayoría de los problemas fitosanitarios en el tubérculo de papa son prácticamente imposibles de detectar en el punto de inspección, el comercio internacional de este producto se encuentra prohibido en la mayoría de los países, al considerar el gran riesgo de introducción de plagas cuarentenarias.
Anteriormente México permitía la importación de papa fresca únicamente a la franja fronteriza de 26 kilómetros en el norte del país, donde no existe producción local y no conlleva riesgo, sin embargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó el reglamento de Sanidad Vegetal y se abrió la importación.
Ello con todo y que el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, concluyó que el riesgo por la propagación de plagas cuarentenarias es inaceptable, y estableció medidas fitosanitarias, consideradas las mínimas indispensables para reducir el riesgo, que sin embargo no fueron replicadas en el Reglamento, que resultó más laxo.
En el análisis de riesgo de plagas para la importación de papa, se identificó que 63 son de alto riesgo, 18 de riesgo medio, y 2 de riesgo bajo.
El pronunciamiento del Senado de la República, en su considerando final, establecía como «deseable» que la discusión en la Suprema Corte se inclinara por proteger los derechos de los miles de productores mexicanos de papa y de sus familias, «y contribuya a evitar los potenciales riesgos de dependencia alimentaria que implicaría el ingreso de la papa estadounidense a territorio nacional, así como los riesgos fitosanitarios que conlleva la importación de tubérculos que incumplen con requisitos mínimos de calidad».
Esa es la bandera que deben tomar, y ya, los legisladores. Toda vez que la Corte resolvió en contra de los productores, hay que ponerse a su lado y alzar la voz con ellos. Hay dos mujeres coahuilenses en el Senado de la República, y doce diputados federales originarios de nuestra entidad, ¿alguno tendrá la sensibilidad para tomar esta causa?, se les necesita a todos.
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